Tipo de actuación: Recomendación
Administración: Universidad Complutense de Madrid
Respuesta de la Administración: Aceptada
Queja número: 16008485
En el curso de las actuaciones iniciadas de oficio por esta institución para conocer el grado de reconocimiento por los distintos organismos públicos, de los derechos de igualdad de oportunidades de los estudiantes universitarios afectados de discapacidad, se solicitó de V.E. que facilitara información acerca de si en esa Universidad se reserva para estos estudiantes algún porcentaje de plazas para el inicio de estudios de Máster y Doctorado y, en su caso, cuál es ese porcentaje.
Consideraciones
1. De la comunicación remitida por V.E. se desprende que la Universidad Complutense de Madrid sí prevé en los procedimientos de admisión a estudios de Máster y Doctorado la reserva de plazas para estudiantes con discapacidad.
Para los estudios de Máster la documentación que facilita confirma la existencia de previsión específica respecto a la reserva de un 5 por 100 de las plazas disponibles para los estudiantes que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o padezcan menoscabo total del habla o pérdida total de audición así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a las condiciones personales de discapacidad que durante su escolarización anterior hayan precisado recursos extraordinarios.
En cuanto al acceso a Doctorado, de los datos que se remiten se desprende que por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esa Universidad de 28 de enero de 2014, sobre normas de admisión a doctorado en la UCM, se dispuso que serían reservadas plazas para ser adjudicadas entre los estudiantes con discapacidad “según los requisitos y cupos establecidos en la normativa general de ingreso en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid”, normativa que hace referencia a la previsión de esta reserva solo para el acceso a los niveles de Grado.
Sin embargo la Normativa de Admisión en Enseñanzas Universitarias Oficiales de Doctorado publicada por esa Universidad Complutense de Madrid para el curso 2016‑2017, en la que se recogen detalladamente los requisitos generales de acceso a estos estudios así como el procedimiento de admisión, los criterios de valoración, los procedimientos para la presentación de las solicitudes y de la documentación acreditativa, etc., no contiene mención alguna acerca de la reserva de plazas para su adjudicación a los estudiantes afectados de discapacidad que desean ser admitidos, ni tampoco de las condiciones y términos en los que se contempla esta medida ni del procedimiento para acogerse a ella.
2. La Constitución española atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (artículo 9); así como de realizar una política de integración de las personas discapacitadas amparándolas especialmente para el disfrute de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos (artículo 49).
3. Para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, señala en varios de sus preceptos que los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva en beneficio de las personas con discapacidad susceptibles de ser objeto de un mayor grado de discriminación, medidas que podrán consistir, entre otras, en apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables (artículos 64.1, 67.1 y 68.1).
4. La Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, contempla el estudio en la Universidad como un derecho de todos los españoles en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, y confiere al Gobierno la misión de establecer las normas básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros universitarios.
El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, obliga en su artículo 26 de forma expresa e inequívoca a todas las universidades a reservar un porcentaje de al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
Esta obligación de reserva para estos estudiantes no la contemplan ni el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, ni el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, para la admisión a enseñanzas de Máster y Doctorado, normas que se limitan a señalar que las universidades establecerán los procedimientos y requisitos de admisión al Máster y al Doctorado, que deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados para evaluar la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
5. Sin embargo, la arriba citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, prevé en diversos apartados de su Disposición adicional vigésima cuarta, que las universidades deben adoptar medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades de los estudiantes y que impidan su discriminación, directa o indirectamente, en el ingreso y en la permanencia en sus centros.
6. Por su parte el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, establece la igualdad de derechos de todos los estudiantes universitarios, con independencia del centro universitario, de las enseñanzas que se encuentren cursando y de la etapa de la formación a lo largo de la vida en la que se hallen matriculados, siendo uno de estos derechos la no discriminación por razón de discapacidad.
7. En el momento actual, por tanto, la normativa estatal reguladora de esta materia, así como la autonómica y la mayor parte de los estatutos de las universidades, contienen referencias muy específicas a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación y a la accesibilidad universal de los estudiantes universitarios con discapacidad. La práctica totalidad de las universidades, en el ámbito de su autonomía normativa, prevén además la inclusión educativa del alumnado universitario afectado de discapacidad con medidas, programas y acciones positivas a favor de este alumnado, algunas de ellas incluso mejorando las previsiones establecidas con carácter general.
8. Sin embargo, es un hecho que el nivel educativo de las personas con discapacidad continúa siendo comparativamente bajo respecto al de personas sin discapacidad, ya que actualmente aquéllas solo están representadas en algo más de un 1 por ciento en los estudios universitarios de Grado, y el porcentaje es aún inferior cuando se trata de estudios de Máster y Doctorado.
Estos datos ponen de manifiesto que, a pesar del esfuerzo realizado por las universidades españolas en los últimos años para promover programas y actuaciones que mejoren el paso por la universidad de los estudiantes con necesidades especiales, resulta imprescindible adoptar medidas de acción positiva más específicas que les facilite acceder a los estudios posteriores al Grado.
9. Parece necesario, en consecuencia, que los sistemas y procedimientos de admisión que establezcan las universidades para iniciar los estudios de Máster y Doctorado prevean de manera expresa la reserva de un porcentaje de plazas para los estudiantes afectados de discapacidad, de similares características que lo hacen para el acceso a los estudios de Grado, dando con ello cumplimiento al mandato que el ordenamiento jurídico atribuye a las universidades, de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes afectados de discapacidad y de impedir su discriminación, directa o indirectamente, en el ingreso y en la permanencia en sus centros.
Decisión
En virtud de las consideraciones contenidas en este escrito, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, se formula a V.E., como máxima autoridad de la Universidad, la siguiente:
RECOMENDACIÓN
Incluir en la Normativa de Admisión a los Estudios de Doctorado aplicable a partir del curso 2017-2018 y posteriores, la reserva de al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para su adjudicación a los estudiantes afectados de discapacidad, en términos y condiciones similares a la reserva que se prevé reglamentariamente para la admisión a los estudios de Grado, y precisando la forma de acreditar documentalmente las distintas circunstancias de discapacidad.
Agradeciéndole de antemano la acogida que dispense a esta RECOMENDACIÓN y a la espera del informe que sobre su aceptación ha de ser remitido a esta institución según prevé el ya citado artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril,
le saluda muy atentamente,
Soledad Becerril
Defensora del Pueblo
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