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En el marco de las visitas programadas por el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP), tres técnicos de esta institución, realizaron una visita a los calabozos de la sede judicial de Plaza de Castilla, en Madrid.

Como consecuencia de dicha visita se ha efectuado un acta en la que se destacan los aspectos que a continuación se señalan. El contenido del presente escrito, que coincide con el enviado a efectos meramente informativos a la jueza decana de los juzgados de Madrid, incluye las resoluciones adoptadas al amparo de los artículos 9.1 y 30.1 de Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo que dan lugar al inicio de actuaciones ante esa Dirección General y ante la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Administración penitenciaria, y la Dirección General de la Guardia Civil.

SUGERENCIAS

TERCERA. Que se dicten las instrucciones pertinentes que garanticen que el personal que preste servicio en los traslados de personas privadas de libertad a los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla porte siempre su placa de identificación y vigilar el cumplimiento riguroso de esta disposición.

DECIMOSEXTA. Que se impartan las órdenes necesarias que garanticen el adecuado registro personal de las personas privadas de libertad con anterioridad al ingreso en las celdas del Registro Central de Detenidos.

DECIMOCTAVA. Que se impartan las órdenes oportunas que garanticen que las conducciones en vehículos policiales se lleven a cabo con los cinturones de seguridad abrochados e impedir comprometer la indemnidad personal de las personas privadas de libertad.

DECIMONOVENA. Que se faciliten las indicaciones necesarias que limiten el uso de las esposas durante la conducción de las personas detenidas, presas y penadas en los vehículos policiales, únicamente a aquellos casos en los que sea absolutamente necesario, y de modo que no se comprometa su indemnidad ante eventuales accidentes.

VIGÉSIMA. Que se impartan las instrucciones necesarias que garanticen que los exámenes médicos de las personas privadas de libertad en un centro médico, se lleven a cabo sin la presencia del personal policial, a menos que el facultativo médico expresamente manifieste lo contrario en un caso determinado.

VIGESIMOPRIMERA. Que se garantice la adecuada limpieza de los vehículos policiales destinados a la conducción de personas privadas de libertad.

VIGESIMOSEGUNDA. Que se adopten las medidas necesarias que garanticen un adecuado mantenimiento de los vehículos policiales destinados a la conducción de personas privadas de libertad.

Se agradece su preceptiva respuesta, en el plazo no superior a un mes a que hace referencia el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, antes citada, en el sentido de si se aceptan o no las Sugerencias formuladas, así como en caso negativo, las razones que fundamenten su no aceptación.

Asimismo, se ruega que su informe se extienda a detallar las medidas que se vayan a adoptar para subsanar las cuestiones referidas, así como responder a las solicitudes de información realizadas en el informe técnico adjunto donde se detallan los aspectos observados durante la visita.

Agradeciendo la colaboración que presta,

le saluda muy atentamente,

Ángel Gabilondo Pujol

Defensor del Pueblo