Acceso a la documentación y publicaciones

En el marco de las visitas programadas por el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP), el director y dos personas técnicas del MNP, dos técnicas externas (psicóloga y médica) junto con un vocal del Consejo Asesor del MNP experto en materia de igualdad (género), realizaron de oficio una visita al Centro educativo La Zarza (Murcia), los días 15, 16 y 17 de febrero de 2022.

Como consecuencia de dicha visita se ha efectuado un acta en la que se destacan los aspectos que a continuación se señalan. El contenido del presente escrito que coincide con el enviado a efectos meramente informativos al responsable de la instalación visitada, a la Fiscalía de Menores de Murcia y a los Juzgados de Menores números 1 y 2 de Murcia, Juzgado de Menores número 3 de Málaga y Juzgado de Menores número 3 de Alicante, incluye las resoluciones adoptadas al amparo de los artículos 9.1 y 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que dan lugar al inicio de actuaciones ante esa Consejería.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Que se incorpore la variable de sexo en la recogida de datos y se elaboren estadísticas con los datos desagregados por sexo, tanto en las memorias como en los diferentes registros, para así conocer realmente el perfil de las chicas infractoras con el objeto de dar una respuesta educativa y terapéutica ajustada a sus necesidades.

SEGUNDA. Que se incorpore la variable de mujer de minoría gitana en la recogida de datos y elaboración de estadísticas.

TERCERA. Que se incorpore la variable de «intervención del sistema de protección de menores» de las internas, a fin de integrar la historia de desprotección e institucionalización previa al ingreso en el centro y favorecer medidas de ajuste con enfoque de género a tal circunstancia.

CUARTA. Que se establezca un registro en el que se documente cualquier tipo de discapacidad de las menores que cumplen una medida judicial en esa Comunidad Autónoma, con el fin de favorecer intervenciones con enfoque de género adaptadas para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

QUINTA. Que se articule una respuesta tratamental de la discapacidad con enfoque de género.

SEXTA. Que se facilite a las internas a su ingreso en el centro documentación informativa y formularios que incorporen lenguaje inclusivo y perspectiva de género.

SÉPTIMA. Que se revise el proyecto educativo y las actividades para incorporar la perspectiva de género de forma real, con consideración específica a las necesidades y dificultades que presentan las menores infractoras.

OCTAVA. Que se aumente la participación de las personas internas en recursos formativos externos, especialmente en la formación de bachillerato, así como el número de profesorado especializado para impartir formación académica en los centros infractores.

NOVENA. Que se garantice el acceso igualitario a los talleres ocupacionales, potenciando un uso mixto e implantando talleres que por sus temáticas y contenidos propicien entornos igualitarios.

DÉCIMA. Que se garantice la igualdad de oportunidades de las menores respecto de los destinos laborales, estableciendo los mecanismos compensatorios que fueran necesarios.

DÉCIMOPRIMERA. Que se lleven a cabo programas de salud en materia de diversidad afectivo sexual, prevención y sensibilización de la violencia de género, sexualidad positiva y relaciones saludables con participación del personal de salud, así como un abordaje interdisciplinar y biopsicosocial de necesidades de salud.

DECIMOSEGUNDA. Que se revise sistemática y periódicamente los tratamientos farmacológicos, minimizando su uso y evitando los sesgos de género.

DECIMOTERCERA. Que se revise el protocolo de prevención de suicidios, incorporando la perspectiva de género y de diversidad sexual.

DECIMOCUARTA. Que se establezca un protocolo detallado para la indagación de la violencia y abuso sexual sufrido con anterioridad al ingreso en el centro, con el objetivo de dar la preceptiva respuesta terapéutica y de protección.

DECIMOQUINTA. Dotar al centro de un protocolo de prevención, detección, protección y atención a posibles víctimas de violencia de género u otro tipo de violencia, abuso o acoso en centro, que regule el acceso de la víctima a la atención sanitaria, psicológica y social, así como facilitar formación continuada a todo el personal en relación a la violencia de género y violencia sexual, manteniendo en todo caso una actitud proactiva para afrontar estas situaciones.

DECIMOSEXTA. Que se faciliten programas de tratamiento especializado del uso indebido de drogas con perspectiva de género, de diversidad sexual, e intercultural, teniendo en cuenta la posible victimización anterior, y reforzando la intervención en adicciones con recursos comunitarios especializados.

DECIMOSÈPTIMA. Que se revise con enfoque de género los motivos de aplicación de las contenciones, así como el procedimiento de inmovilización.

DECIMOCTAVA. Que se dote al centro de personal de seguridad, tanto Auxiliar de Control Educativo como vigilantes, de sexo femenino.

Se agradece su preceptiva respuesta, en el plazo no superior a un mes a que hace referencia el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, antes citada, en el sentido de si se aceptan o no las Recomendaciones formuladas, así como en caso negativo, las razones que fundamenten su no aceptación.

En el caso de las Recomendaciones, que tienen una incidencia general sobre el tipo de privación de libertad examinada, estas afectan a todos los centros de menores infractores dependientes de esa Comunidad Autónoma.

Asimismo, se ruega que su informe se extienda a detallar las medidas que se vayan a adoptar para subsanar las cuestiones referidas, así como responder a las solicitudes de información realizadas en el informe técnico adjunto donde se detallan los aspectos observados durante la visita.

Agradeciendo la colaboración que presta,

le saluda muy atentamente,

Ángel Gabilondo Pujol

Defensor del Pueblo