La Proposición no de Ley (PNL) aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022, con una amplia mayoría, encomendó al Defensor del Pueblo la “creación de una comisión independiente para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”.
El informe, que será presentado al Parlamento y al Gobierno cuando concluyan los trabajos, debe contemplar recomendaciones y medidas encaminadas a cumplir con tres objetivos:
Para llevar a cabo la encomienda, los trabajos se desarrollarán en tres ámbitos. Así, se constituye:
El Defensor del Pueblo, en su comparecencia el pasado 20 de junio en el Congreso de los Diputados para detallar el trabajo realizado hasta ese momento para cumplir con la encomienda, aseguró que la institución asume esta tarea “sin ningún apriorismo y con la oportunidad de estudiar a fondo qué ha sucedido”. Ángel Gabilondo apuntó, además, que se abordará esta labor “con rigor, seriedad, determinación y responsabilidad, y con las víctimas y su testimonio como eje fundamental de nuestra actuación”.
Los trabajos se inician, tras la celebración de la primera reunión -constituyente- de la Comisión Asesora, el cinco de julio de 2022. La Unidad de Atención a las Víctimas está operativa a partir del seis del mismo mes.
