Presentación informes 2022-2023 en el Congreso de los Diputados

23/05/2024

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados los informes anuales que recogen las principales líneas de actuación de la institución que dirige en 2022 y en 2023.

Esta comparecencia se produce tras haber registrado los informes en las Cortes Generales, en tiempo y forma, y tras la presentación de ambos ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el pasado 26 de abril. La disolución de las Cortes Generales, en mayo de 2023, con motivo de la convocatoria electoral, imposibilitó la tramitación parlamentaria del Informe anual de 2022, por lo que esta se está llevando a cabo ahora conjuntamente con la del Informe anual de 2023.

En su intervención desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, Ángel Gabilondo ha desgranado las principales claves de la actividad de la institución. Así, ha manifestado que en 2022 y 2023 el Defensor del Pueblo atendió, telefónica o presencialmente, a 74.962 personas, tramitó 67.055 expedientes, emprendió 538 actuaciones de oficio y dirigió 4.864 resoluciones a las diferentes administraciones. Además, Gabilondo ha manifestado que “el 70% de las resoluciones que se emiten desde el Defensor del Pueblo son aceptadas por las administraciones”.

Ángel Gabilondo, que ha acudido al Congreso junto a la adjunta primera de la institución, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, ha destacado que los asuntos principales en esos dos años estuvieron especialmente vinculados a los derechos sociales y a los servicios públicos. Ello explica “una ligera prevalencia de actuaciones ante las administraciones autonómicas, que son en gran medida las competentes al respecto”, ha apuntado. En este contexto ha señalado que, no obstante, en 2022 hubo más resoluciones dirigidas a la Administración General del Estado que a las administraciones autonómicas.

La labor del Defensor del Pueblo a través de sus actuaciones

Ángel Gabilondo se ha detenido en su intervención en algunas actuaciones llevadas a cabo desde la institución que dirige en estos dos ejercicios. En este contexto, ha expuesto algunos de los asuntos que más han preocupado a los ciudadanos y la labor realizada desde el Defensor del Pueblo ante las diferentes administraciones públicas como respuesta a quejas recibidas o actuaciones proactivas, de oficio.

De esta forma, ha resaltado el seguimiento realizado en torno a las ayudas y rentas autonómicas o municipales, el sinhogarismo o el Ingreso Mínimo Vital “sobre el que hemos recibido alrededor de 1.000 quejas, solo en 2023, especialmente por retrasos para la resolución de las solicitudes o las reclamaciones, o por la rigidez en el modo de acreditar el cumplimiento de los requisitos”, ha enfatizado. En su opinión, es necesario trabajar “para consolidar un verdadero sistema estatal de garantía de ingresos, que tenga en cuenta el conjunto de prestaciones asistenciales. Un sistema estable y cohesionado, que articule la acción de todas las administraciones públicas en este deber social de lucha contra la desigualdad”.

Otro de los asuntos que la institución ha considerado prioritario en 2022 y 2023 ha sido la atención a los menores en situaciones de riesgo, como los cerca de 5.000 niños y niñas no acompañados llegados a Canarias. El Defensor del Pueblo ha instado a “buscar soluciones consensuadas y estables para que las Comunidades Autónomas colaboren en la acogida de estos menores”. Asimismo, se ha referido a los adolescentes afectados por la saturación de los servicios de salud mental y ha llamado la atención sobre las declaraciones de desamparo de menores si conllevan la retirada de la tutela. Además, ha insistido en la necesidad de que se incrementen los medios para el acogimiento familiar de los menores tutelados frente a su permanencia en instituciones. 

“La Justicia como servicio público fue el ámbito que más quejas ciudadanas suscitó en 2023”, ha afirmado Ángel Gabilondo, que ha recordado que la institución ha formulado recomendaciones para que se creen nuevos juzgados, se refuerce el personal y también ha instado al Consejo General del Poder Judicial para que supervise el empleo de medidas especiales de agilización en el orden contencioso-administrativo, previstas para supuestos de litigación en masa.

Por lo que se refiere a los asuntos migratorios, el Defensor ha señalado que dos de los principales retos se encuentran en la necesidad de revisar el sistema de protección internacional para paliar las dificultades de acceso y la demora en la tramitación de las solicitudes, y en la gestión de la acogida de aquellas personas que, por diversos motivos, no pueden ser expulsadas o devueltas a su país de origen. Además, se ha referido a las actuaciones realizadas por la institución tras el trágico salto a la valla de Melilla de 2022, y al aumento de llegadas irregulares a Canarias -casi 40.000 en 2023-.

En materia de Educación, Ángel Gabilondo ha insistido en que hay que tender a la universalidad y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil y que, a pesar del mayor esfuerzo realizado por las comunidades autónomas, sigue habiendo insuficiencia de plazas. La institución, por otra parte, inició en 2023 actuaciones de oficio sobre la adaptación de los centros docentes a las temperaturas extremas, asunto sobre el que la planificación de las medidas es, dijo, “insuficiente”. Y también se iniciaron actuaciones para abordar los obstáculos a los que se enfrentan los alumnos con necesidades especiales o enfermedades crónicas o las víctimas de violencia escolar.

El Defensor del Pueblo también ha dedicado parte de su intervención en torno a uno de los asuntos que más preocupación ciudadana genera: la gestión de la Sanidad y los servicios sanitarios. El Defensor ha explicado que los problemas de acceso a la Atención Primaria son diferentes en función del territorio, pero que existe un elemento común en todos ellos, “la dificultad de los servicios públicos de salud para incorporar y retener a profesionales sanitarios de Atención Primaria y a pediatras”. Por ello, ha instado a destinar “mayor inversión y medidas que permitan la efectiva reposición de las plazas vacantes”. También ha resaltado la necesidad de reducir las listas de espera sanitarias, “cuyas quejas en 2023 más que duplicaron las recibidas en 2021”, ha remarcado.

Las dificultades en el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes y los colectivos vulnerables, es otro de los asuntos que provocan numerosas quejas. Según ha remarcado Gabilondo, la institución continúa solicitando a todas las administraciones que incrementen y optimicen los recursos existentes de vivienda protegida y de vivienda social. Además, se está siguiendo con atención el despliegue de medidas de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, y la gestión del Bono Alquiler Joven, de cuya gestión en algunas comunidades autónomas ha señalado que “no es la apropiada y muchos beneficiarios varios meses después de su solicitud aún no habían recibido el bono”.

Junto a los informes anuales correspondientes a 2022 y 2023, el Defensor del Pueblo también ha presentado los del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes (MNP). En estos dos ejercicios, el MNP realizó un total de 113 actas de visitas a lugares de privación de libertad, que dieron lugar a 1.513 resoluciones. Ángel Gabilondo ha afirmado que las administraciones aceptaron, de forma mayoritaria, las sugerencias y recomendaciones realizadas tanto en el seno del programa transversal sobre salud mental como del programa transversal sobre discapacidad, implementados por el MNP. Además, se han constatado algunos avances en lo relativo a las contenciones mecánicas y se ha producido una disminución en la aplicación de inmovilización con correas. Hay mejoras también en lo que respecta a la atención a las mujeres embarazadas y a las mujeres con problemas de salud mental en lugares de privación de libertad.

El Defensor del Pueblo ha repasado también en su intervención la labor realizada por la Comisión Asesora para realizar un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos tras la encomienda recibida por parte del Congreso en 2022. El informe fue registrado y entregado a la presidenta del Congreso el 27 de octubre de 2023 y está pendiente de ser debatido en el Pleno. Ángel Gabilondo ha destacado que este informe, “enfocado en la atención central a las víctimas y en la respuesta a las mismas”, se concreta en 24 recomendaciones y “subraya los factores de riesgo y las consecuencias de estos abusos, expone las respuestas que ha dado la Iglesia católica y cómo se ha abordado la cuestión por parte de los poderes públicos”. Tras la presentación del Informe y hasta el día de ayer, 22 de mayo, se han registrado 223 solicitudes de nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia. “De ellos, se han considerado válidos 129 testimonios”, puntualizó Ángel Gabilondo.

Aquí puedes ver la intervención de Ángel Gabilondo en el Pleno del Congreso de los Diputados

Consulta aquí los informes anuales 2022 y 2023 del Defensor del Pueblo