Congreso “Construyendo el derecho a la vivienda”

28/03/2019

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha advertido que la vivienda pública protegida se encuentra en mínimos históricos y “corre el peligro de desaparecer por completo” si no se produce “un cambio rápido e intenso” de las políticas públicas en esta materia.

Así lo ha asegurado durante su participación en el Congreso “Construyendo el derecho a la vivienda”, que se celebra en Cáceres los días 27 y 28 de marzo y que ha sido organizado por la Junta de Extremadura en colaboración con ONU-Habitat.

Tras señalar que “hace 15 años se construía diez veces más vivienda pública protegida que hoy”, el Defensor ha achacado esta “drástica reducción” del parque de VPO en propiedad y en alquiler a los ajustes presupuestarios.

En su opinión, las medidas de austeridad adoptadas a partir de 2010 provocaron “una notoria falta de respuesta a la demanda de vivienda social que venía planteándose desde tiempos anteriores al estallido de la crisis”.

El Defensor ha explicado que, mientras que en los años 2004 a 2009, el número de las viviendas protegidas terminadas estaba entre 50.000 y 70.000 unidades anuales, a partir de 2011 se produjo un cambio de orientación, que fue aún más destacado a partir de 2013. Ello ha llevado a que en 2017 solo se hayan entregado 4.938 pisos sociales en toda España y que esa cifra haya sido de 5.167 viviendas en 2018.

Este periodo de retroceso en política de vivienda “nos ha llevado a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social en un bien tan esencial como este”, ha remarcado.

Para corregir este desequilibrio, el Defensor considera necesario una intervención pública en el mercado, a través de los distintos instrumentos que tienen a su disposición los diferentes poderes públicos.

Más alquiler social

Fernández Marugán ha destacado también que la situación económica, la inestabilidad laboral, los bajos sueldos o la imposibilidad de acceder a la financiación han convertido al alquiler en la única vía posible para acceder a una casa para muchas personas.

“El alquiler es una verdadera necesidad”, ha apuntado y, prueba de ello es el rápido crecimiento que ha experimentado el arrendamiento en algunas grandes ciudades españolas, sobre todo a partir del segundo semestre de 2017.

Según ha manifestado, “lo que vemos en la calle es una fuerte demanda y una oferta con insuficiente capacidad de respuesta y, sin embargo, hoy se carece de un parque de vivienda social en alquiler”.

Para el Defensor, el ajuste entre oferta y demanda en el mercado de vivienda de alquiler podría haber sido suavizado a través de la vivienda pública de alquiler. Por ello, se ha mostrado convencido de que “las nuevas viviendas públicas que se construyan deberían ser todas de alquiler social” ya que, según ha explicado, “cuando existe un problema de oferta de vivienda de alquiler, las políticas públicas deben incentivar la oferta y no desalentarla”.

Priorizar a colectivos vulnerables

Además, y tras recordar que el esfuerzo económico necesario para acceder a la vivienda en España, tanto en propiedad como en alquiler, es “excesivo”, el Defensor del Pueblo ha abogado por que las políticas públicas se centren en reducir el coste de acceso a la vivienda, avanzando en un proceso de reducción de las desigualdades sociales.

En esta línea, ha recalcado que es fundamental que las políticas de vivienda se marquen como objetivo favorecer a las familias con bajo nivel de renta y monoparentales, jóvenes, personas que hayan sufrido un desahucio, mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes.

A su juicio, son necesarios tres ámbitos de actuación: mayor provisión de vivienda pública y social; el aumento de las transferencias a las familias para hacer frente al pago de la vivienda, incluyendo también desgravaciones en la obtención de los suministros de estas (energía eléctrica, gas, etc.); y controles de precios por medio de políticas urbanísticas.

El Defensor del Pueblo ha concluido su intervención insistiendo en la necesidad de introducir modificaciones normativas en el ordenamiento español “que cristalicen definitivamente con rapidez y consenso”, pues ello ayudará a las familias con pocos recursos y a los jóvenes, “para que unos y otros puedan acceder a una vivienda digna en los términos que nuestra Constitución establece”.