Consecuencias de la pandemia

06/11/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha demandado un acuerdo político y económico-social “lo más consensuado posible”, que permita superar la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y evite “un aumento de la contestación social y de la crispación política”.

Así lo ha manifestado en la clausura de unas jornadas virtuales organizadas por la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF).

El Defensor ha señalado que el panorama económico continuará “ensombrecido y plagado de incertidumbres” mientras la emergencia sanitaria no esté resuelta y ha advertido que la desigualdad y la pobreza acompañan a esta enfermedad “que está trascendiendo el ámbito sanitario”.

“El COVID-19 ha impactado de lleno en la economía, en los hogares y en las cuentas públicas” y ha convertido a España en uno de los países más golpeados por la crisis, ha asegurado.

Para Fernández Marugán, la pandemia “ha dejado al descubierto el paro, la mala calidad del empleo, los bajos salarios que había debajo del crecimiento económico y la pobreza que provoca la falta de vivienda asequible que existe en muchos de los barrios de nuestras grandes urbes”. Por ello, cree que es necesario “definir una estrategia global en la que se utilicen todas las palancas que estén a nuestro alcance”.

No obstante, y frente a lo que se hizo desde la Unión Europea durante la crisis financiera de 2010, Fernández Marugán ha valorado positivamente que ahora el orden de prioridades aplicado por las autoridades comunitarias haya sido “primero las personas, luego las empresas y finalmente el sistema financiero.

De no actuarse así, el Defensor cree que “asistiríamos en la Unión Europea a un crecimiento agudo de la pobreza y a la profundización de la brecha que divide a las sociedades avanzadas entre quienes tienen acceso a la protección y quienes quedan a la intemperie”.

Quejas en materia impositiva

Fernández Marugán ha repasado también las quejas en materia impositiva que llegan a la Institución y ha valorado positivamente que los ciudadanos no cuestionen de manera general la arquitectura tributaria del Estado.

Según ha afirmado, lo que hacen es “plantear sus desacuerdos parciales con algunos asuntos relevantes dentro del modelo tributario” y critican problemas organizativos y discrepancias de criterio entre administraciones.

De las quejas recibidas, el Defensor ha destacado las relativas a las diferencias territoriales del Impuesto de Sucesiones y las generadas por la denominada plusvalía municipal (Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), que se encuentra en una situación de indefinición por la ausencia de reforma de una legislación declarada parcialmente inconstitucional hace algunos años.

Fernández Marugán se ha referido también a las quejas que llegaron durante el confinamiento por parte de varios profesionales y asesores fiscales que alegaban que en dicha situación, no podían cumplir con los plazos de presentación de declaraciones trimestrales de IVA e IRPF para empresas (PIMES) y autónomos correspondientes al primer trimestre de 2020. Sobre este asunto, la Institución “logró un cierto margen de plazo”, a juicio de Fernández Marugán, que sin embargo también reconoció que “no tuvimos el mismo éxito cuando planteamos una petición similar respecto de la campaña del IRPF y Patrimonio 2019”.

En este contexto, ha enfatizado que la institución continúa trabajando para garantizar los derechos de los contribuyentes.