09/06/2016
El Defensor del Pueblo ha instado a los municipios españoles de más de 100.000 habitantes a que garanticen la alimentación de los menores de familias vulnerables, especialmente en periodos no lectivos.
Para ello, les ha recomendado que utilicen las fórmulas que consideren más idóneas, como la apertura extraordinaria de comedores escolares, el establecimiento de campamentos de verano, o la asignación de cheques o tarjetas sociales de prepago para comprar alimentos.
También solicita que, en los informes sociales para la asignación de prestaciones, se de prioridad a los casos de menores o personas con discapacidad.
La institución ya formuló en años anteriores recomendaciones similares a Comunidades y Ciudades Autónomas.
Los destinatarios de estas recomendaciones son ahora los ayuntamientos con más de 100.000 habitantes pues en ellos, el volumen de población dificulta la detección de casos.
En total, la institución se ha dirigido a 62 ciudades de Andalucía (Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera, Almería, Huelva, Marbella, Dos Hermanas, Cádiz, Algeciras y Jaén); Cataluña (Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramanet y Reus); Comunidad de Madrid (Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas); Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Telde); Castilla y León (Valladolid, Burgos, Salamanca y León); Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante, Elx y Castelló de la Plana); País Vasco (Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Barakaldo); Galicia (Vigo, A Coruña y Ourense); Principado de Asturias (Gijón y Oviedo); Región de Murcia (Murcia y Cartagena); Aragón (Zaragoza); Baleares (Palma de Mallorca); Cantabria (Santander); Castilla-La Mancha (Albacete); Extremadura (Badajoz); Navarra (Pamplona-Iruña) y La Rioja (Logroño).
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