El MNP visita 363 lugares de privación de libertad en sus primeros tres años de actividad

28/05/2013

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, los tres primeros informes de la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (MNP).

El objetivo del MNP es prevenir situaciones que puedan derivar en malos tratos o tortura. Su actividad no está directamente relacionada con situaciones personales, sino con la necesidad de mantener el conjunto del sistema de privación de libertad adecuadamente monitorizado. La Defensora del Pueblo considera que las autoridades deben percibir el MNP como un mecanismo con el que cooperar para mejorar sus prácticas y la calidad de la privación de la libertad, y lograr un fin que debe ser común: la prevención de la tortura y los malos tratos.
A lo largo de sus tres años de actividad, el MNP ha realizado 363 visitas a lugares de privación de libertad. De las ellas: 91 a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, 73 a lugares custodiados por la Guardia Civil, 26 a instalaciones de las Policías Autonómicas, 24 a depósitos municipales de detenidos, 39 a centros penitenciarios, 7 a establecimientos disciplinarios militares, 22 a centros para menores infractores, 14 a centros de internamiento de extranjeros, 1 a un hospital psiquiátrico penitenciario, 1 a una unidad penitenciaria de madres, 1 a una residencia sociosanitaria y 1 a un centro de primera asistencia y detención de extranjeros.
En concreto, en 2012 se visitaron 52 centros de privación de libertad. Fruto de estas visitas se han formulado 118 recomendaciones, 79 sugerencias y 8 recordatorios de deberes legales. De estas visitas, 12 han sido multidisciplinares, es decir, con equipos en los que además de técnicos del Defensor del Pueblo han participado especialistas en
medicina legal y forense, psiquiatras y psicólogos. Así, se ha realizado una evaluación integral y multidisciplinar de los centros y lugares de privación de libertad que, como siempre, se han inspeccionado mediante visitas no anunciadas en cualquier momento del día o de la noche.
Las 52 visitas se repartieron a lo largo de trece comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Región de Murcia.

Conclusiones
Durante su intervención, la Defensora ha recordado algunas propuestas de la Institución relativas a reformas legislativas. Así, debido a que en algunas detenciones participan personas que no son funcionarios públicos, por ejemplo, en el caso de centros de menores, Soledad Becerril considera que debería modificarse la tipificación del delito de tortura del vigente Código Penal para que sea acorde con la definición de la tortura recogida en la Convención contra la Tortura, de manera que los actores del delito también puedan ser personas no necesariamente funcionarios.
Por otra parte, propone reformar el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de hacer más rápida la asistencia de abogado para las personas privadas de libertad. También plantea incluir el derecho a solicitar un habeas corpus en la lectura de derechos.
La Defensora también propone efectuar una regulación completa de los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico, así como del internamiento forzoso en centros residenciales de personas mayores, siguiendo las
directrices marcadas por el Tribunal Constitucional.
Entre las conclusiones generales, la Defensora ha recordado la importancia de que los agentes policiales estén siempre debidamente identificados y de que los partes de lesiones se cumplimenten de manera rigurosa. Además, propone el diseño de una aplicación informática que permita recopilar datos actualizados de casos que puedan suponer una extralimitación o vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad.

Aceptación de recomendaciones
La Defensora del Pueblo valora positivamente los esfuerzos realizados por las diferentes administraciones y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir la tortura y otros tratos crueles o degradantes. Así, han aceptado muchas de las recomendaciones formuladas por la Institución. Entre ellas, Soledad Becerril ha destacado durante su intervención, la adaptación de los sistemas de videograbación y vigilancia a los criterios expuestos por el Defensor del Pueblo.

Respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la Administración ha cerrado el CIE de Málaga, tal y como pedía la Institución.
Además, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha aceptado que en los expedientes de aislamiento provisional se haga referencia al eventual seguimiento periódico del estado del interno.
También a propuesta del Defensor del Pueblo, la administración ha clausurado y prohibido el uso de una habitación de aislamiento y de separación de grupo en un centro de menores por no reunir las condiciones adecuadas y ha generalizado la instalación de sistemas de videoconferencia entre los centros de menores y los juzgados y fiscalías de menores, para evitar los constantes traslados de éstos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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