21/11/2023
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este martes al presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego el “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”, Una respuesta necesaria.
En el encuentro, que se ha celebrado en la sede de la CONFER, también han estado presentes el secretario general, Jesús Miguel Zamora; la coordinadora general, Silvia Rozas; la coordinadora de Regionales y Diocesanas, Margarita Bordallo, y la administradora, María Rubio. Además, por medio de una conexión online los superiores mayores de las congregaciones también han podido seguir el acto. En total se han conectado 146 personas.
El pasado 27 de octubre Ángel Gabilondo entregó el informe a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol. Posteriormente, el 2 de noviembre, el Defensor se desplazó al Palacio de la Moncloa para hacérselo llegar al entonces presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Así, dio cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados, tras la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022 que establecía que el informe debía ser entregado a las Cortes Generales y al Gobierno de España.
La Conferencia Española de Religiosos está formada por Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica. En la actualidad, pertenecen a la CONFER 4.160 comunidades religiosas, 511 superiores mayores y delegados, 137 generales, 208 provinciales, 37 abades, 129 delegados de superiores mayores no residentes en España y 34 delegados con tres o más casas.
Ángel Gabilondo también se desplazó el pasado 8 de noviembre a la sede de la Conferencia Episcopal Española para entregar el informe a su presidente, el cardenal Juan José Omella.
El Informe, publicado íntegramente en www.defensordelpueblo.es, cuenta con 777 páginas en las que se recoge una presentación del titular de la institución y una introducción general, los ámbitos de actuación, objetivos, metodología y fuentes empleadas, detalles de una encuesta encargada a GAD3, marco jurídico, y conclusiones-recomendaciones que el Defensor del Pueblo ha elevado a las Cortes Generales y al Gobierno de España.
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