Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO)

19/11/2019

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo (e.f.) y vicepresidente segundo por la Región Europa de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) ha suscrito un pronunciamiento sobre la crítica situación que atraviesa el Estado de Bolivia.

El Consejo Rector de la FIO:

Lamenta los hechos violentos que han dejado 715 heridos y la muerte de 23 personas, 14 de éstas en contexto de la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, por lo cual se pide a la justicia boliviana esclarecer cada uno de ellos.

Convoca a la pacificación de todos los sectores movilizados e insta a deponer medidas de violencia, represalias en contra de autoridades, sus familias, periodistas, así como la destrucción y ataque de bienes públicos y privados, asimismo se exhorta a abstenerse de usar la violencia o discursos que inciten a la misma como instrumento de coerción política por ser contradictorios a los derechos humanos.

Insta a garantizar el restablecimiento del Estado de Derecho, la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las funciones de los Órganos del Estado a efectos de lograr de manera inmediata la convocatoria a elecciones generales conforme las recomendaciones del informe de la O.E.A.

Se recuerda que la presencia de las fuerzas de seguridad, preventiva y proporcional, deberá guardar estricto respeto por las normas constitucionales y los Tratados de Derechos Humanos, y que el uso de armas de fuego deberá estar excluido de las intervenciones en manifestaciones sociales, y que a la afectación de vida como consecuencia de las mismas, corresponde una sanción dentro del fuero de la justicia penal ordinaria, sin que un acto de gobierno pueda excluir responsabilidades.

Es necesario llamar la atención sobre la obligación de ejercer un control sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado. No resulta asumible en términos de derechos humanos eximirlos de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, como hace el Decreto Supremo 4.078 de Bolivia. Esta norma no se ajusta a los estándares internacionales y en la práctica se traduce en un grave mensaje a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad de que pueden actuar impunemente. Es por ello que pedimos la inmediata derogación de la citada norma, como así han solicitado la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Sra. Bachelet y otras organizaciones internacionales.

Insta al Estado a respetar y garantizar el ejercicio de la libertad de prensa sin fronteras y a esta a respetar la difusión veraz de la información. Asimismo, insta se garantice la plena libertad del ejercicio profesional y la labor de las y los periodistas que realizan cobertura en calle.

Ante los últimos sucesos, exhorta al Estado Plurinacional de Bolivia a no criminalizar la migración a través de vocerías que inciten al odio, discriminación y xenofobia, o el uso del sistema de justicia para la persecución penal focalizada a súbditos extranjeros.

Insta al Estado y a la población en general a garantizar y respetar el trabajo de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, su independencia institucional, física y psicológica; evitando realizar acciones que de forma directa o indirecta tiendan a poner en riesgo la integridad de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Lee aquí el Pronunciamiento completo de la FIO