03/03/2023
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha destacado este viernes el trabajo que realizan los abogados de familia y ha asegurado que cumplen una labor “esencial para la sociedad”. Así lo ha expresado en las XXX Jornadas Centrales de Derecho de Familia que, organizadas por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), han reunido en Madrid a unos 600 abogados, jueces y fiscales especializados en procesos de divorcio, nulidades matrimoniales, guardas y custodias, discapacidad, filiaciones o sucesiones.
El Defensor ha inaugurado estas jornadas junto a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, y la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano, y ha señalado que la institución que dirige actúa con frecuencia en lo que sentido amplio podría denominarse “derecho de familia”.
En este contexto, ha asegurado que la institución el Defensor del Pueblo lleva a cabo un permanente análisis sobre cuestiones que afectan a la infancia, y ha resaltado que es sensible a las intervenciones de los poderes públicos en la protección de menores, especialmente cuando asumen su tutela y los separan de su grupo familiar.
Según ha apuntado Gabilondo, es necesario saber cómo se asume esa tutela y si se ha contado con garantías y recursos suficientes para asegurar el interés superior del menor. “La mirada de situarse en él y desde él es la prioridad. Como también lo es la apuesta por el acogimiento familiar”, ha enfatizado.
Tras insistir en que el acogimiento familiar es una valiosa alternativa al acogimiento residencial, sea en familia ajena o en familia extensa, ha afirmado que el acogimiento familiar necesita de políticas públicas integrales que acompañen y apoyen a las familias de acogida.
El Defensor ha destacado también que los abogados de familia juegan un papel relevante en la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género por su “formación específica y su incuestionable compromiso de ayuda”. Y ha recordado las recomendaciones realizadas en 2022 sobre el seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como las más recientes para la mejora de la accesibilidad, eficacia y dotación económica del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, en el marco del reconocimiento de la violencia económica como forma de violencia de género.