El Defensor concluye la tramitación parlamentaria de los Informes de 2018 y 2019

01/07/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha intervenido este miércoles en el Pleno del Senado para explicar su gestión en 2018 y 2019. Con esta comparecencia termina la tramitación parlamentaria de estos informes.

Violencia de género

Las primeras palabras del Defensor han estado dedicadas a las víctimas de la violencia de género y a sus hijas e hijos. Así, Fernández Marugán ha reiterado que la violencia de género constituye “el atentado más importante contra los derechos de las mujeres en España, porque afecta a su libertad, a su derecho a la igualdad de trato, a su derecho a la vida y a su integridad física y moral”. En su opinión, para combatir los crímenes machistas es necesaria “la participación de la sociedad en su conjunto, en colaboración con las administraciones y todas las instituciones y asociaciones que trabajan en este campo”.

La aportación de los inmigrantes

En 2018 la Institución presentó el estudio monográfico “La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias” y en 2019 “La contribución de la inmigración a la economía española”.

Durante su intervención en el Senado, el Defensor ha reiterado que la inmigración contribuye a la “sostenibilidad demográfica” y ha repasado la contribución que realiza la población migrante a la economía. Así, ha asegurado que “si los ocupados extranjeros abandonaran mañana mismo el mercado laboral, el nivel de empleo de la economía caería un 20%, por debajo del nivel de empleo alcanzado antes de la crisis económica”.

Por otra parte, ha vuelto a insistir en que no existe un “efecto llamada” sino un “efecto expulsión”. Fernández Marugán ha explicado que lo que se produce es un “persistente flujo de personas que huyen de sus países de origen por muy diversas razones: hambrunas, guerras, efectos devastadores del cambio climático, ausencia de perspectivas vitales para ellas y para sus familias”.

El Defensor ha recordado que 2018 finalizó con más de 55.000 nuevas solicitudes de protección internacional, mientras que en 2019 se produjo un récord histórico alcanzando las casi 120.000.

Fernández Marugán ha reconocido el esfuerzo realizado por los distintos organismos de la Administración con competencias en la materia. Sin embargo,  considera que la capacidad de la administración para tramitarlas se ha visto desbordada y esto “ha supuesto que un número cada vez más elevado de estas personas no viesen atendidas sus necesidades de protección internacional en un tiempo razonable”, ha remarcado.

La asistencia sanitaria

Fernández Marugán ha centrado buena parte de su intervención en analizar la situación de la Sanidad. Así, ha asegurado que el sistema sanitario español proporciona solidez a nuestro Estado de bienestar porque “ha logrado ofrecer una buena atención a todos los ciudadanos”.

Sin embargo, también ha subrayado que los recortes producidos tras la crisis económica de 2008 provocaron un descenso del gasto público en sanidad, que afectó, en su mayor parte, a gastos de personal: reducción de plantillas, paralización de contratos, contratos menos estables, recortes de salarios y peores condiciones laborales.

Fernández Marugán ha afirmado que este descenso del gasto sanitario fue “muy evidente en la atención primaria y también en la atención especializada”, se ha notado en “listas de espera demasiado largas y urgencias frecuentemente saturadas” y ha llevado a que “los profesionales sanitarios manifiesten su preocupación por las condiciones de precariedad laboral bajo las que trabajan”.

En opinión del Defensor, todas estas carencias “exigen una reacción efectiva de todos los poderes públicos”. Fernández Marugán se ha mostrado confiado en que finalmente se logre alcanzar “el gran acuerdo político y social que necesita España para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud”.

La atención a los mayores en los centros residenciales

El Defensor ha relatado las principales actuaciones realizadas por la Institución en los últimos años para tener una “visión global” de la atención que se presta a las personas mayores en las residencias.

Dichas actuaciones han permitido concluir que existen “disfunciones y carencias que hay que corregir” mediante “reformas normativas de calado y una revisión profunda del modelo”.

Así, Fernández Marugán cree necesario aumentar el número de plazas; revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial; que las comunidades autónomas mejoren y aumenten su capacidad inspectora; y que se incremente la atención sanitaria y la formación del personal que atiende a los mayores.

El Defensor del Pueblo también aboga por que las comunidades autónomas realicen un esfuerzo de actualización y armonización para solventar la actual dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento.

Además, Fernández Marugán ha pedido que se regulen mediante Ley Orgánica aspectos que afectan a  derechos fundamentales, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico o las sujeciones físicas.

Para el Defensor, los problemas que ya arrastraban las residencias se han dejado ver con más crudeza a lo largo de la pandemia. En esta línea, ha explicado que la Institución que dirige inició una queja de oficio en los primeros días de abril con todas las consejerías de sanidad y con todas las consejerías de política social de las CCAA, para conocer la respuesta dada en cada territorio a esta emergencia sanitaria, “y posteriormente poder determinar qué aspectos habrá que mejorar o corregir para afrontar nuevas amenazas epidémicas”.

Asimismo, a finales de abril, se formularon una serie de recomendaciones a todas las comunidades autónomas para reforzar la asistencia sanitaria a los enfermos por Covid-19; para suministrar equipos de protección individual para el personal y los residentes; y para suplir las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores.

La Institución recomendó también que se garantizara la información a los familiares de los residentes sobre su situación de salud y su posible derivación a otro centro residencial u hospitalario; y que se permitiera que los mayores no contagiados pudieran, voluntaria y temporalmente, volver con sus familias durante la pandemia, sin pérdida de plaza, y siempre que fuera posible.

Mujeres y menores privados de libertad

El Defensor también ha querido hacer una mención a la labor de supervisión de los centros de privación de libertad que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Fernández Marugán se ha referido al informe del MNP presentado en la jornada de ayer y en concreto, se ha detenido en dos colectivos que, en su opinión, son especialmente desconocidos por su escasa visibilidad: las mujeres que cumplen condena en los centros penitenciarios y los menores infractores.

Sobre los centros para menores infractores (CIMI) el Defensor ha recordado que su función debería ser la de educar a estos jóvenes que tras cometer un acto delictivo se encuentran privados de libertad por decisión judicial pero a su juicio, “no ocurre siempre así”.

Fernández Marugán ha apuntado que en la visitas realizadas por el MNP se ha detectado “un escaso interés” en la inspección de estos centros por parte de las Comunidades Autónomas, que son las responsables de su gestión. Además, ha cuestionado que muchos de estos establecimientos sean gestionados por entidades privadas, ha criticado que en ocasiones la supervisión por parte de jueces y fiscales es “limitada” y ha reclamado más formación para el personal de estos centros.

También se ha referido al uso de contenciones mecánicas en los CIMI y ha recordado que la semana pasada la Institución que dirige pidió la abolición de estas prácticas. El Defensor ha recordado las muertes de Mamadou Barry en el Centro de Internamiento de Menores infractores de Melilla en 2018 y de Ilias Tahiri del que justo hoy se cumple un año de su muerte en el centro “Tierras de Oria” de Almería. Tras advertir que “muchas veces da la impresión de que estos jóvenes están abandonados a su suerte por las administraciones autonómicas” ha insistido en que “no puede volver a morir en España ningún joven en estas circunstancias. Lo rechaza la conciencia, lo rechaza la justicia, lo rechaza el derecho de estos adolescentes a ser protegidos por el Estado” ha remarcado.

Por otra parte, Fernández Marugán ha explicado que le preocupa especialmente la situación de las mujeres privadas de libertad. Por este motivo, desde que está al frente de la Institución, el MNP ha comenzado a realizar visitas a centros penitenciarios con perspectiva de género. En los CIMI no se han realizado visitas específicas atendiendo al género pero también se han percibido situaciones que pueden ser discriminatorias por lo que la Institución presta especial atención a las jóvenes que se encuentran privadas de libertad.

El Defensor ha expuesto algunas de las primeras conclusiones alcanzadas en estas visitas. Así, se ha detectado una falta de datos desagregados sobre las mujeres en prisión; se ha comprobado que aun siendo menos conflictivas se les aplica un mayor número de medidas de aislamiento provisional con respecto a los hombres y se han constatado problemas para detectar si eran víctimas de violencia de género antes de su ingreso en prisión. Además, se han puesto de manifiesto limitaciones para que participen en las actividades de formación de los centros penitenciarios y peores condiciones que los hombres en el tratamiento de las adicciones.

El problema de la España vaciada

Por último, Fernández Marugán ha hecho referencia al problema de la  denominada “España vacía o vaciada” donde, ha dicho, “se pueden identificar una serie de problemas comunes, como son el envejecimiento de sus habitantes, las dificultades de integración con otras regiones, la falta de conexiones a las redes de transporte y a Internet, la ausencia relativa de servicios públicos y las menores oportunidades de empleo”.

El Defensor ha señalado que el sumatorio de estas carencias ha originado un declive económico y social que hace que “los jóvenes y las personas de  mediana edad, abandonen este medio”.

“Los pueblos se han ido apagando, poco a poco”, ha apuntado Fernández Marugán, que ha añadido que más del 40% del territorio español tiene unas densidades demográficas alarmantemente bajas.

“Como consecuencia, la población que vive en ellos tiene mayores dificultades para acceder a servicios como, los sanitarios, los educativos, los bancarios, los postales, las farmacias, las conexiones a la red de telecomunicaciones e, incluso, un servicio básico fundamental, como es el suministro de energía eléctrica”, ha explicado el Defensor.

Una vez hecho el diagnóstico, Fernández Marugán ha destacado que “ahora toca actuar con políticas públicas para tratar de llenar lo que se ha venido vaciando” y para acabar con “la brecha de desigualdad que es incompatible con la equidad e igualdad en el acceso a los servicios públicos básicos, y que no es aceptable en una sociedad moderna como la nuestra”.

En su opinión, “el problema de la despoblación es una cuestión de derechos” y las administraciones deben llevar a cabo una estrategia a medio y largo plazo que recupere la vinculación entre medio ambiente, territorio y ciudad.



El Defensor del Pueblo está a tu disposición para estudiar tus quejas y problemas

¿Deseas presentar una queja?

También se puede remitir por correo postal, por fax, o entregar en persona, en nuestro servicio de atención al ciudadano en c/ Zurbano, 42 (28010 Madrid).

Si lo prefieres, puedes descargar este formulario en formato pdf Descargar formulario y, una vez que lo hayas cumplimentado, nos lo envías por correo electrónico a: registro@defensordelpueblo.es

Si tienes alguna dificultad para poner tu queja puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono gratuito 900 101 025, solo disponible para llamadas desde España. Si llamas desde el extranjero marca (+34) 91 432 62 91. Consulta aquí nuestro horario de atención.