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La Defensora comparece en la Comisión Mixta y resalta que el Gobierno haya escuchado sus recomendaciones para regular la “segunda oportunidad”

La Defensora comparece en la Comisión Mixta y resalta que el Gobierno haya escuchado sus recomendaciones para regular la “segunda oportunidad”

10/03/2015

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha resaltado hoy en el Senado que el Gobierno haya escuchado las recomendaciones y sugerencias de la Institución para regular la “segunda oportunidad” de las personas físicas “deudores de buena fe”.

Soledad Becerril ha presentado hoy el Informe Anual 2014 ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y ha celebrado la aprobación de Real Decreto-ley 1/2015, conocido como “ley de segunda oportunidad”, como uno de los logros de la actuación de la Institución.

Según ha recordado, el Defensor del Pueblo reiteró el año pasado la recomendación para establecer un procedimiento de insolvencia independiente, o ley de segunda oportunidad, para particulares y consumidores de buena fe sobreendeudados: una recomendación que ya había sido formulada con ocasión de dos informes monográficos anteriores.

Tal y como pedía el Defensor del Pueblo, la nueva legislación introduce por primera vez el concepto jurídico de deudor de buena fe. Una figura que recogen ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, por la que los deudores afectados por circunstancias imprevisibles y fuera de su control, ven perdonadas sus deudas sin necesidad de acuerdo con los acreedores, siempre que se cumplan determinados requisitos.

El RDL 1/2015 también regula un procedimiento de insolvencia personal, mediante un acuerdo extrajudicial de pagos, al que pueden acogerse tanto empresarios como personas naturales no empresarias, antes de tener que recurrir al concurso de acreedores. Entre las recomendaciones realizadas a la Administración, el Defensor del Pueblo había reclamado que el procedimiento fuera “amplio en su aplicación, sencillo, eficaz y gratuito”, a fin de permitir el saneamiento de las economías domésticas sobreendeudadas.

La Defensora ha valorado además que la normativa recientemente aprobada recoja otra de las recomendaciones de la Institución y flexibilice el acceso al Código de Buenas Prácticas para dar cabida a más población. En opinión del Defensor del Pueblo, es necesario que a dicho Código puedan acogerse deudores que, sin estar en el «umbral de exclusión» definido en el mismo, se encuentran abocados a la ruina por no poder pagar sus deudas al haberse reducido considerablemente sus ingresos.

El 2014 en cifras

El Informe Anual de la Institución revela que, en 2014, los temas que más preocuparon a los ciudadanos fueron los relacionados con asuntos sociales (rentas mínimas, prestaciones de dependencia), problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales, y retrasos en la administración de justicia. En total, la Institución recibió 23.186 escritos de queja.

El Defensor formuló 467 recomendaciones a las administraciones de las que más del 72 % fueron aceptadas.

Además, la Institución aumentó las actuaciones de oficio un 41%, hasta alcanzar los 489 expedientes. Así se iniciaron actuaciones de oficio sobre la inclusión educativa de alumnos con discapacidad, supervisión de acogida de inmigrantes, problemas sobre pobreza energética, cortes de suministro eléctrico y sistemas de facturación.

Portal de transparencia

La Institución puso en marcha en 2014 un portal de transparencia en el que se detalla la gestión presupuestaria, salarios, contratos, convenios y viajes oficiales. También se creó un nuevo servicio que permite a los ciudadanos consultar el estado de sus quejas a través de www.defensordelpueblo.es.

Para la Defensora del Pueblo “la transparencia no puede limitarse a la exposición de sus datos”. Por este motivo, y para dar el mejor servicio posible a los ciudadanos, la Institución informa de las actuaciones y requerimientos formulados, los tiempos empleados y los resultados obtenidos. Por primera vez, en el Informe Anual se ofrecen estos datos con los tiempos medios empleados por el Defensor para contestar a los ciudadanos y los tiempos utilizados por las administraciones para contestar al Defensor.

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