Presentación Informe Anual 2017 en el Pleno del Senado

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El Defensor reclama un avance en la protección social de los colectivos más vulnerables

Presentación Informe Anual 2017 en el Pleno del Senado

19/06/2018

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha intervenido este martes en el Pleno del Senado para presentar el Informe Anual de la Institución correspondiente a 2017.

Fernández Marugán ha expuesto el trabajo realizado por el Defensor y ha reclamado un avance en la protección social de los colectivos más vulnerables. Así, ha asegurado que “la actual situación de desigualdad está amenazando alcanzar un crecimiento sano y sostenido que sólo podrá conseguirse llevando a cabo una política activa, decidida y mantenida en el tiempo de redistribución de la renta”. En 2017, la Institución tramitó 25.776 expedientes y formuló 2.338 resoluciones a las administraciones.

Durante su intervención, el Defensor ha pedido que se aborde la acogida de inmigrantes creando unas infraestructuras idóneas y mejorando la colaboración entre todas las administraciones públicas implicadas.

Fernández Marugán ha destacado que en 2017, tras visitar las instalaciones y centros que España tiene desde Tarifa a Cartagena, la Institución que dirige formuló una serie de propuestas para atender a las personas que llegaron en parteras.

El Defensor ha destacado que en África se está produciendo un “efecto expulsión” de unos países en los que “existen unas condiciones de vida insoportables”, por lo que “es lógico que quieran venir como sea a esta parte del mundo para intentar tener una vida digna”, ha remarcado.

En su opinión, para afrontar esta situación “no vale solamente con el control de fronteras, pieza muy importante, pero no única”. Fernández Marugán considera que es necesaria “voluntad política, una dotación de recursos suficientes, una colaboración institucional y social imprescindible y ciertos cambios legislativos”.

Garantizar la defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados siempre ha sido una prioridad para el Defensor del Pueblo. Fernández Marugán ha asegurado que “son niños y niñas antes que extranjeros” y ha reclamado que se dote al sistema de acogida de estos menores de recursos suficientes que permitan prolongar su protección una vez cumplidos los 18 años. En este sentido, el Defensor ha recordado que el diseño de estos sistemas de acogida y programas individualizados deben ser abordados mediante modelos de cooperación entre las distintas administraciones públicas.

El Defensor también ha vuelto a dejar patente su preocupación por los problemas que afectan a las mujeres. Así, ha advertido que se está avanzando con “mucha lentitud” para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. También ha reiterado su condena a la violencia machista que desde 2003 ha dejado más de mil mujeres muertas y que cada año deja a muchas niñas y niños huérfanos.

Los derechos de las personas mayores son también una constante en el trabajo de la Institución. El Defensor considera urgente adaptar el sistema social para dar una respuesta adecuada a los retos que plantea una sociedad cada vez más envejecida. Según ha explicado, “hay que revisar las pautas de actuación en la atención social para ofrecer las ayudas que precisan las personas mayores y sus familias e intentar un modelo en el que las personas de la tercera edad puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno”.

Por otra parte, Fernández Marugán ha vuelto a insistir en la necesidad de revisar el actual modelo de copago farmacéutico para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan. “Hoy, los porcentajes de aportación para los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios son excesivos y perjudican a muchos pacientes en situación de vulnerabilidad”, ha aseverado.

Asimismo, ha alertado sobre la situación de soledad no deseada en la que viven muchos mayores y ha señalado que “falta una radiografía precisa del alcance de este problema” que algunas fuentes sitúan en el millón y medio de personas afectadas. Por ello, ha recalcado, “es imprescindible abrir un debate político y social” sobre este asunto.

En esta comparecencia el Defensor también ha querido llamar la atención sobre los problemas de los centros penitenciarios españoles. Fernández Marugán asegura que el principal problema sanitario en ellos es la enfermedad mental. En este sentido, ha llamado la atención sobre la ausencia de servicio de psiquiatría en muchos centros penitenciarios y ha pedido una red adecuada de recursos terapéuticos y asistenciales para atender a los internos.

El Defensor también ha explicado que las quejas recibidas ponen de manifiesto que hemos pasado de una situación en la que se reclamaba la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias a otra en la que el reto es adecuar las estructuras de personal a las necesidades del tratamiento de un número más reducido de internos.

Por último, Fernández Marugán considera imprescindible mejorar la situación de las mujeres internas en los centros penitenciarios con una política activa de discriminación positiva que les ofrezca nuevas oportunidades en los ámbitos personal, laboral y de servicios penitenciarios.

El Defensor ha concluido su comparecencia refiriéndose a la vivienda, una de de las principales preocupaciones de los españoles en 2017. Fernández Marugán ha destacado que los principales problemas en torno a esta materia son los elevados precios de venta y el bajo número de viviendas en alquiler.

Así las cosas, ha asegurado que la subida experimentada por el precio de los alquileres hace que este tipo de vivienda sea inaccesible para muchas personas, también para los jóvenes. A ello se une, según ha explicado, que el nivel de gasto público destinado a ayudas al acceso a la vivienda es reducido y que las disponibilidades de viviendas sociales por parte de las administraciones territoriales son escasas.

Frente a esta situación, el Defensor ha reclamado que las administraciones deben formular urgentemente “una oferta pública a favor del alquiler social para que los jóvenes puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo”.


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