07/04/2017
La Institución ha presentado el séptimo informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que realizó 101 visitas a lugares de privación de libertad y efectuó 352 resoluciones, en 2016.
Este número de inspecciones supone un aumento considerable sobre el realizado en 2015 (62). Se incrementaron las visitas de seguimiento para comprobar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las anteriores e identificar si existen deficiencias.
Se han dirigido 352 resoluciones a las administraciones -12 recomendaciones, 336 sugerencias y 4 recordatorios de deberes legales-. La Administración ha aceptado el 88% de las resoluciones.
El MNP inspeccionó centros situados en toda España. Se visitaron comisarías del Cuerpo Nacional de la Policía, cuarteles de la Guardia Civil, comisarías de la Policía local, de la Policía autonómica, calabozos de edificios judiciales, salas de inadmitidos y de solicitantes de asilo en puestos fronterizos, centros de internamiento de extranjeros, centros penitenciarios, centros para menores infractores, centros sociosanitarios, traslados de extranjeros y unidades de custodia hospitalaria.
El MNP, para examinar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y comprobar que se garantizan sus derechos fundamentales, mantiene entrevistas individuales y reservadas con las personas internadas, con la dirección y el personal de los centros visitados, y examina instalaciones, registros y documentación, y sistema de videovigilancia.
Además, se han intensificado las relaciones con grupos sociales y organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia en los centros.
El Defensor del Pueblo valora positivamente la actitud de colaboración que ha encontrado por parte de los funcionarios así como de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en todos los centros visitados.
Actuaciones relevantes
En 2016, se visitaron los módulos de régimen cerrado en centros donde se aplican criterios de máxima seguridad de acuerdo con la normativa penitenciaria.
Como se explica en la presentación del informe: “En los lugares de privación de libertad de corta duración se ha observado, principalmente, cómo se aplican las nuevas normativas que afectan a los detenidos (reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que entró en vigor a finales de 2015, e instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre condiciones en las que se desarrollan las detenciones)”.
En los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las visitas se han dirigido a comprobar el estado de las instalaciones, procurar la ampliación de la cobertura sanitaria, así como las zonas de esparcimiento, el aumento de material deportivo y de ocio, así como la presencia de ONG que prestan ayuda en estos centros y, siempre, cumplir con el Reglamento de los CIE.
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