05/03/2013
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Gobierno que se comprometa a compensar, en el primer momento que ello sea posible, la pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas.
En opinión de la Institución, el Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, implica una pérdida de capacidad adquisitiva para los pensionistas que, además de su efecto inmediato, conllevará una pérdida acumulada si no se corrige en el momento en que ello resulte económicamente viable.
La petición, realizada a través de una recomendación dirigida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y comunicada también a las Cortes Generales, busca además que ello se haga con el máximo acuerdo posible y en el marco del Pacto de Toledo, que es un elemento esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en el sistema público de Seguridad Social.
Por ello, y aunque la Institución ha decidido no recurrir dicha norma ante el Tribunal Constitucional, sí ha efectuado esta recomendación, al considerar que el consenso político y social articulado a través del Pacto de Toledo debe ser preservado.