Estimada Comisaria:
Le agradezco el envío del comunicado que ha realizado en relación con los hechos sucedidos en pasados días en Cataluña, con especial relevancia en la ciudad de Barcelona, en donde se han producido centenares de heridos entre policías y ciudadanos.
Como sabe, esta Institución tiene asignada, por mandato constitucional, la defensa de los derechos fundamentales reconocidos a todos los españoles. En el ejercicio de esta función, venimos siguiendo con especial atención los acontecimientos a los que se refiere en su comunicado.
El mantenimiento de la seguridad pública, o en los términos empleados por la Constitución española, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana, constituye un verdadero servicio público que viene atribuido en el texto constitucional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.
Entre los días 14 y 20 de octubre de 2019, se han producido en Barcelona, y en otras ciudades de Cataluña, múltiples actuaciones de personas y grupos muy violentos que han alterado la tranquilidad ciudadana, afectando muy severamente la vida cotidiana de las personas y el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Concretamente, según todas las fuentes, y tal y como se pudo comprobar en las imágenes televisadas, los grupos violentos arrojaron piedras, rodamientos, ácido, cócteles molotov, pirotecnia –incluso contra un helicóptero policial–, incendiaron centenares de barricadas, quemaron más de mil contenedores y causaron destrozos en diversos locales comerciales y en el mobiliario urbano, arrancando semáforos, señales de tráfico y destrozando el pavimento y cuadros eléctricos. También se dieron actos de pillaje en algún establecimiento.
Ante esta situación, el Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos de Escuadra, con riesgo de la integridad física de sus agentes, han actuado coordinadamente para defender los derechos del conjunto de la población en condiciones extremadamente difíciles.
La actuación policial, necesaria ante la gravedad y el peligro de las situaciones producidas, ha exigido el uso de diversas medidas y materiales antidisturbios que, con todo, no han evitado el resultado de cerca de tres centenares de agentes heridos, uno de ellos de extrema gravedad.
Entiende el Defensor del Pueblo que esta labor merece el reconocimiento de los ciudadanos y de esta institución.
La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los incidentes protagonizados por personas y grupos violentos, precisa de una valoración acerca de la corrección o incorrección de la actuación policial, y si en ella se ha dado la proporcionalidad que se exige de quien ostenta el monopolio en el uso de la fuerza.
La presunción de inocencia debe ser favorable a la proporcionalidad de la actuación policial, precisamente porque se ha ejercido contra ella una violencia intensa.
Estos hechos vandálicos, que están siendo investigados por los jueces para determinar la posible comisión de delitos, se han pretendido sustentar en la crítica a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español, en la que se ha condenado a una serie de representantes políticos por la comisión de, entre otros delitos, el de sedición.
En cualquier caso una legítima discrepancia debe expresarse siempre de forma pacífica, como así han hecho la mayoría de las personas que han ejercido libremente su derecho de reunión y manifestación.
Tales hechos violentos nos preocupan grandemente, porque suponen la quiebra de los principios democráticos en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho que tiene, por cierto, garantías procesales equivalentes a las existentes en las democracias más avanzadas.
Esta situación provoca una enorme fractura de la convivencia y pone en serio riesgo los fundamentos del progreso de los catalanes y del conjunto de los españoles, perjudicando muy especialmente, a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Asimismo, se ha pretendido dañar la reputación de España en el ámbito internacional y, muy particularmente, en el de la Unión Europea y del Consejo de Europa, al alterar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones.
He creído conveniente trasladarle todas estas reflexiones y consideraciones sobre los hechos acaecidos en Cataluña para que pueda ponderar y valorar adecuadamente la verdad de lo sucedido. No puede pretenderse que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado actúen del mismo modo hacia los manifestantes, ciudadanos que ejercen libremente su derecho a discrepar legítimamente de la sentencia, que hacia los violentos, cuyo único objetivo es alterar el orden público produciendo grandes daños, materiales y personales, atacando a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluso en algunos casos a periodistas.
Por lo que se refiere a estos profesionales, se trata efectivamente de un asunto en el que comparto su preocupación, y en particular parece sumamente necesario que se garantice la seguridad de los informadores en el libre ejercicio de su importante función.
Me tiene a su entera disposición para cualquier valoración sobre todas estas cuestiones.
Reciba un afectuoso saludo,
Francisco Fernández Marugán
Defensor del Pueblo (e.f.)
25/10/2019 – Carta a la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa (en inglés)
21/10/2019 – Comunicado de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa (en inglés, traducción en español)
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