Conferencia de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el desayuno informativo del “Fórum Europa”. Organizado por Nueva Economía Fórum, Madrid
El mandato del Defensor o Defensora no coincide con los tiempos de las legislaturas pues tiene un mandato de cinco años, así lo expresa la Ley Orgánica que regula la institución. Por tanto heme aquí, todavía como Defensora, ante ustedes.
La undécima legislatura ha durado cuatro meses. Este hecho: apenas actividad de las cámaras, un gobierno en funciones… no es un fracaso de la democracia. Esta ha funcionado con toda normalidad: elecciones absolutamente libres, consultas por parte del Jefe del Estado para propuesta de candidato a la presidencia del gobierno… Lo ocurrido es el no acuerdo entre los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Espero que una situación así no se repita tras las elecciones, y para ello pienso que será preciso rebajar los tonos de enfrentamientos, desechar vetos y ese lenguaje unas veces agrio, otras elevado y sonoro, como de predicadores de novelas inglesas del diecinueve, es decir altisonante.
Y deseo que la mayoría que se constituya o pueda constituirse respete la Constitución porque es la Constitución de los Derechos y de las Libertades.
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La institución del Defensor del Pueblo tiene ya 35 años y es una institución consolidada, y creo que apreciada y valorada por los ciudadanos. No lo digo yo, interesada en ello, sino que así resulta cuando se pregunta en estudios o encuestas. Además, mi experiencia, ya de algún tiempo, me dice que es una institución que actúa con absoluta independencia, sin recibir presiones. Francisco Fernández Marugán y Concepció Ferrer, adjuntos, lo pueden aseverar.
Ello me lleva a concluir, en estos momentos de incertidumbres y de opiniones muy negativas sobre nuestro presente, que en esta democracia las instituciones y los poderes públicos han funcionado y funcionan, y que podemos estar orgullosos de toda esa arquitectura constitucional levantada y mantenida a lo largo de los años, en un estado social y democrático de derecho.
Decía Claudio Magris, escritor que conoce bien la historia de Europa, que le molestaba mucho el pesimismo complacido de los intelectuales. A mí me disgusta el insistente pesimismo de muchos, políticos y no políticos, que no encuentran en la democracia española ningún elemento de valor, de aprecio, digno de ser reconocido o subrayado y que hablan de la necesidad de una nueva transición. No sé yo hacia qué o hacia dónde. Y quizás sea mejor no indagar.
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¿Cuál es la función del Defensor? consiste sencillamente en escuchar lo que dicen los ciudadanos, sus quejas y a partir de ellas actuar ante las administraciones. La cultura de la queja es muy antigua. El paciente y santo Job se quejaba de su suerte tan adversa y en la obra de Calderón hay mucha queja. ¿Acaso “la vida es sueño” no es una queja total? En las democracias existe ya toda una cultura de la queja que produce resultados positivos porque da pie a rectificaciones, corrige decisiones y hace meditar ante determinadas decisiones o actitudes.
El Defensor no es institución con capacidad ejecutiva ni coercitiva. A algunas personas les gustaría que así fuera. Yo, por el contrario, creo que tenemos suficientes poderes ejecutivos en distintos niveles, también legislativos, incluso ahora algunas CC.AA. producen decretos leyes y derogan o modifican leyes aprobadas muy recientemente. Mucha inseguridad jurídica con tanta legislación.
Lo que tiene sentido y razón es una institución inspirada en el Ombudsman de Suecia, de 1809, para defender todos los días derechos y libertades, en nuestro caso, de la Constitución, y controlar si las administraciones los respetan.
Además, han recaído sobre el Defensor otras atribuciones o competencias como ser Institución Nacional de Derechos Humanos, es decir velar por la Declaración Universal de Derechos de 1948, compendio de derechos, que sólo las democracias tienen instrumentos para cumplir y hacer cumplir. Y ser Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Es decir, que tareas no faltan.
Es, pues, una institución desde la que se observan consecuencias de decisiones y de maneras de actuar de administraciones públicas, prácticas buenas y malas, y con la autoridad y razones que la institución esgrime se puede lograr rectificación, cambios en una decisión e incluso, como es frecuente, lograr iniciativas de los poderes públicos no previstas, por ejemplo como se logró con la Ley de segunda oportunidad, y, desde luego hacer prevalecer el Derecho que no es sólo es instrumento de seguridad jurídica sino también de concordia.
Hay algo que a mí me sorprende mucho: aquellas administraciones que no contestan a lo que se les solicita, es decir, que no contestan a una persona que tiene derecho a saber algo sobre un asunto, de una administración pública, que le concierne. Detrás de una queja, detrás de una solicitud de información hay una persona a la que le asiste un derecho. Cuestiones como responder, explicarse, rendir cuentas… muestran la calidad de las democracias y marcan diferencias entre estas y regímenes autoritarios.
Y nosotros en el Defensor tenemos la obligación de explicarnos más y mejor, dar cuenta de cómo empleamos el dinero del contribuyente y cuáles son los resultados. Ello nos ha llevado a cambios en la manera de trabajar. Hemos decidido dar cuenta, de forma permanente, de todas las resoluciones realizadas a las administraciones, informar de las respuestas obtenidas, de los tiempos empleados por unos y otros en cumplir con nuestras obligaciones. Y así poder valorar la eficacia de la institución y su capacidad de persuasión, que por estas fechas supone aproximadamente que un 75% de las actuaciones propuestas son aceptadas. Cifra todavía insuficiente, a mi juicio.
Para lograr mayor capacidad de persuasión, de control de administraciones y mejores resultados es muy necesaria la presencia, con frecuencia, del Defensor en las Cortes Generales. Yo así lo he entendido, con la colaboración de la Comisión Mixta del Defensor. Esta presencia permite dar a conocer las quejas de los ciudadanos, en los momentos en que se producen, es decir, mostrar problemas de un momento preciso, en un momento álgido, en el que “llueven esos problemas”. Por ejemplo, fue evidente, tiempo atrás, el enfado de miles de funcionarios a los que se les había suprimido una paga extraordinaria en 2012.
Fue evidente que muchas de aquellas personas que tenían derecho a una “renta mínima de inserción” no la estaban percibiendo o lo hacían con mucho retraso.
Fue evidente que muchos confiaron en entidades bancarias inmerecidamente.
Fue evidente que la crisis en sus peores momentos hacía imposible a muchas personas, de buena fe, pagar sus deudas.
Estas y otras cuestiones más deben, a mi juicio, ser dadas a conocer en las Cortes cuando se producen y no sólo mediante una memoria o informe anual que pocos leen.
Las quejas de 2015 han sido 17.822, firmadas de manera individual o colectiva, lo que asciende a más de 55.000 personas las que a lo largo de 2015 se han dirigido al Defensor. Estas cifras suponen una reducción con respecto al año anterior; aunque lo verdaderamente llamativo fue la subida de quejas de los dos años anteriores.
Pero para no meterme yo en análisis de evolución de la economía, que no me corresponde hacer, me limito a repetir lo que señalaba el Financial Times hace poco: “España a pesar del éxito económico, tiene una crisis social,”. Y ello lo hemos percibido bien.
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Hemos procurado, también, salir de nuestros despachos para diagnosticar mejor los problemas: visitar centros de privación de libertad, residencias de mayores, centros de menores, dependencias de urgencias de los hospitales, centros de recepción de inmigrantes, campos de refugiados, y cárceles en el exterior donde hay españoles.
Las páginas de transparencia, mostradas en la web, pretenden establecer mejor y más fácil relación con el ciudadano no son sólo para mostrar el presupuesto, los sueldos o los viajes internacionales que efectuamos -reuniones con otros defensores europeos, del mediterráneo, iberoamericanos o de asistencia al Defensor de Turquía durante dos años-, los motivos de los mismos y los asistentes. Y también las reuniones con Defensores de CC.AA. que se producen todos los años para coordinar nuestras actuaciones y analizar los asuntos más importantes comunes a todos.
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He mencionado algunas de las cuestiones que nos plantean los españoles pero no debo dejar de señalar otras que no son relativas a compatriotas nuestros, pero sobre las que la institución del Defensor tiene que tomar una posición y hablar con toda claridad. Me refiero a los refugiados.
El número de personas que, desde hace unos años, huyen de países en guerra, de persecuciones por razones de creencias o por razones de supervivencia es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Y Europa no estaba preparada para este gigantesco movimiento de personas desplazadas. Tiempo atrás países europeos acogieron a quienes pudieron huir de Alemania antes y durante la Segunda Guerra Mundial; después acogieron a húngaros tras la revolución de 1956. Pero las cifras de hoy en día son bien distintas. Al conflicto que continúa en Afganistán se ha unido la guerra de Siria –el alto el fuego no impide un bombardeo sobre un hospital en Alepo- y también las persecuciones en Eritrea. Naciones Unidas calcula que son cerca de 4.500.000 las personas que han huido de Siria. Y una gran mayoría de las que huyen quieren llegar a Europa.
Es evidente que ante un movimiento tan enorme de personas que vienen de situaciones muy desesperadas sería y es caótico que cada país europeo decidiera unas condiciones para admisión, para solicitud de asilo y para su reubicación o integración. Esto podría producir y de hecho produce miles y miles de personas deambulando de un lugar a otro, sin hablar el idioma, sin recursos económicos, con campamentos por doquier… Lo único razonable son acuerdos dentro de la U.E. para que los países, aunque no sean todos, acepten un número de refugiados que puedan ser humanitariamente tratados. Los cierres de fronteras, las expulsiones colectivas, las increíbles confiscaciones de bienes o los enormes campos de refugiados repletos de personas que no saben qué va a ser de ellos…, no son manera de afrontar esta situación, esta crisis desde Europa. La guerra en Siria es una verdadera catástrofe, aunque no es el origen de todos los que buscan refugio.
En el campo de refugiados de Zaatari, a pocos kilómetros de Aman, los sirios nos decían que querían regresar. La guerra no era el final.
La decisión del Consejo de la U.E de septiembre 2015 para distribuir de forma ordenada y acordada a un alto número de estas personas entre todos los países, a lo largo de dos años, era una vía posible. Las cifras que la Comisión Europea manejaba, eran de 160.000, procedentes de Italia y Grecia, para ser reubicadas, y de ellos 16.000 para España. No está claro si se va a llevar a efecto tras el acuerdo de la U.E. con Turquía. Lo que sí está aprobado por España, en Consejo de Ministros, es un programa de reasentamiento de 1.449 personas, en dos años, para quienes tienen necesidad de protección internacional desde países de fuera de la U.E.
Toda esta distribución necesita de una muy buena organización en Italia, Grecia y Turquía, y también en los países receptores. No es sólo una cuestión económica sino de normas comunes para solicitar asilo, trámites para su resolución, y luego todo lo necesario para procurar una integración.
Son muchas las razones de carácter humanitario para acoger a refugiados pero además hay motivos demográficos y económicos. ¿Qué va a suceder en Europa con las tasas de natalidad que hay? ¿Cuántos jóvenes, con trabajo, van a ser necesarios para sostener a una persona jubilada en pocos años? Las respuestas ya las conocemos. Economistas, demógrafos y sociólogos afirman que los refugiados deben ser bienvenidos en Europa. Y que un cambio de actitud sería no sólo ayudarles sino permitirles que se ayudaran a ellos mismos, es decir que pudieran establecerse, crear una empresa…, montar negocios…
Naturalmente, todas las actuaciones a realizar tienen que ser acordes con el derecho internacional y el europeo, lo que significa que no puede haber devoluciones colectivas. Y la asistencia y presencia en todos estos procesos de ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados) y ONGs de larga experiencia y solvencia en este tipo de circunstancias es importante porque llevan años trabajando en estos terrenos difíciles, con personas de muy diversos orígenes, culturas y conocimientos, y ellas inspiran confianza a quienes están atemorizados.
Y las ONGs y fundaciones de fines sociales que trabajan en España y en el exterior son valores fundamentales para nuestra sociedad por los servicios y atenciones que prestan. Porque acogen y orientan a refugiados, a mujeres víctimas de trata, a menores que piden ayuda; son quienes proporcionan alimentos, asesoramiento jurídico, se ocupan de su situación administrativa no regular, proporcionan formación y buscan trabajo a miles de personas, y están al frente de hospitales en campamentos de refugiados, en centros de internamiento, en zonas de gran conflicto. Pero además, con sus preocupaciones, crean opinión y sensibilizan a la sociedad.
El número de voluntarios que colaboran con ellas crece de manera llamativa, muy especialmente el número de jóvenes, muchos han crecido en una sociedad de bienestar social, y su colaboración les hace ver algo que no conocían. Y es una vertiente o servicio que empresas, despachos, consultorías, universidades… fomentan y ello se percibe, que a todos enriquece.
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Y en España ¿de qué nos quejamos? Nos quejamos de que la justicia se toma mucho tiempo para resolver causas. Y las más llamativas, se repiten en las noticias una, dos, tres veces… y la presunción de inocencia a veces desaparece.
Nos quejamos de impuestos locales, de listas de espera en hospitales, de necesidad de medicación cara pero urgente, y multas de tráfico. Hay otras que tienen un origen distinto. Por ejemplo, la situación de menores que entran en España sin identificar; los menores objeto de acoso escolar…; los menores utilizados por padres como venganza; los menores en hogares donde es habitual la violencia hacia la mujer.
¿Y las víctimas del terrorismo? Yo creo que siempre, siempre, tendrán motivos para la queja. Han pagado con sus vidas el odio, la venganza, el fanatismo contra valores de toda una sociedad o con el fin de hacer imposible la democracia como fue el objetivo de la banda terrorista ETA. Nosotros pedimos muchas veces al Ministerio de Exteriores que procure la presencia de víctimas en foros y organismos internacionales. Así ha sucedido en varias ocasiones. Lo que no habíamos previsto es que un Parlamento europeo recibiera y escuchara a un terrorista, condenado por pertenecer a una banda que ha planificado y causado casi novecientas muertes. Habría muchas familias de víctimas a las que preguntar por las órdenes que dio Otegui para atentar; habría que preguntar a Javier Rupérez, secuestrado, o haber preguntado a quien fue nuestro compañero Gabriel Cisneros, muy gravemente herido… ¿Imaginan ustedes que dentro de unos años el Parlamento Europeo recibiera a uno de los condenados por planificar los atentados de París o de Bruselas? ¿Sería eso posible? Valientes han estado las dos eurodiputadas españolas Maite y Teresa.
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Sras. y Sres. Comprendo que el tema de hoy y de mañana son las elecciones; que algunos dirigentes quieren dejar claro quién ha tenido más culpa, menos culpa o ninguna en no lograr mayoría para formar gobierno. Que a los medios de comunicación también les interesa, pero yo como Defensora debo guiarme por ese imperativo categórico kantiano: “obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal”. Es un poco exagerado, pero equivale a decir que yo debo actuar por deber, y mi deber posiblemente me hará no poder responder a algunas de sus preguntas…en estos momentos.
Muchas gracias a todos por toda su atención.
