En virtud de cuanto antecede, y oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior, en su reunión de 6 de febrero de 2019, el Defensor del Pueblo, de acuerdo con la legitimación que le confieren los artículos 162.1.a) de la Constitución, 32 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y 29 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que regula esta Institución, ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre.
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