Acceso a la documentación y publicaciones

Acceso a la información urbanística

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Texto

Se ha recibido un nuevo escrito de D. (…..), representante legal de la entidad (………. S.L.) en el que formula alegaciones en relación con el informe de ese Ayuntamiento referido a la queja arriba indicada.

Alega que hasta la fecha esa Administración local no le ha facilitado el acceso y obtención de copia íntegra del proyecto visado por el colegio de arquitectos, los certificados de direcciones de obra de los técnicos intervinientes (arquitecto y arquitecto técnico), anexos y las medidas correctoras presentados por la mercantil titular del establecimiento los días 8 y 19 de septiembre de 2017. Tampoco se les ha facilitado copia de la resolución que pone fin al procedimiento otorgando o denegando expresamente la correspondiente licencia administrativa.

En efecto, señala que el (…) de julio de 2017 solicitó a ese Ayuntamiento (número de registro ……….), información sobre las obras que se estaban ejecutando en la Estación de Autobuses de Alcázar de San Juan. Entre la documentación que solicitaba en este escrito, se encontraba el Proyecto de Ejecución visado por el Colegio de Arquitectos y los certificados de Direcciones de Obra de los técnicos intervinientes (arquitecto y arquitecto técnico).

Ese Ayuntamiento reconoce implícitamente en el informe remitido a esta institución que a la fecha de presentación de su solicitud, no se había presentado proyecto alguno. Fueron los días 8 de agosto y 19 de septiembre de 2017, cuando la mercantil presentó un proyecto visado, anexos y medidas correctoras.

No obstante, a estos últimos documentos no tuvo acceso el día 26 de septiembre de 2017, pues el personal del Ayuntamiento únicamente le mostró el justificante de presentación de los mismos en el registro general, con el argumento de estar garantizando la protección de derechos de carácter personal y mercantil. Por ello, solo conocen la existencia de los documentos presentados, pero no su contenido, incumpliendo de este modo, las disposiciones normativas vigentes en esta materia.

Por lo tanto, quiere matizar la afirmación contenida en el informe remitido por ese Ayuntamiento cuando señala que el día 26 de septiembre de 2017 obtuvieron acceso al expediente administrativo, con los informes y documentación obrante hasta ese momento, pues se limitó a facilitar solo la lectura en las instalaciones municipales, de aquellos documentos e informes técnicos emitidos por la Administración y de los escritos y documentos presentados por la mercantil titular del establecimiento, a excepción del Proyecto visado por el Colegio de Arquitectos, los certificados de Direcciones de Obra de los técnicos intervinientes (arquitecto y arquitecto técnico), anexos y las medidas correctoras presentados los días 8 y 19 de septiembre de 2017.

De este modo, el trámite de información pública quedó vacío de utilidad práctica al no haber facilitado a las partes interesadas el acceso íntegro a todos los documentos que conforman realmente el expediente administrativo …/2017 URB ni la obtención de una copia íntegra del mismo.

Finalmente, quiere añadir que por escrito presentado el 19 de enero de 2018 (número de registro ………), solicitó a esa Administración local información sobre el estado de tramitación de la licencia municipal y, en caso de que se hubiera otorgado, se les facilitase una copia para el ejercicio del derecho de impugnación de la misma. Pese a la presentación de dicho escrito, ese Ayuntamiento hasta la fecha no ha resuelto expresamente sobre lo solicitado. Sin embargo, la actividad del restaurante denominado “………..” está desarrollándose de facto.

Desconoce si ello se debe a la inactividad de la Administración en el control de la legalidad urbanística o a que finalmente se ha otorgado la licencia. Afirma que se les está causando una grave indefensión al privarles de la posibilidad de interponer recurso contra la misma, pues la resolución desestimatoria de sus alegaciones de 27 de noviembre de 2017, era un acto de mero trámite sin perjuicio de poder interponer recurso contra la resolución que pusiese fin al procedimiento mediante el otorgamiento o denegación expresa de la licencia discutida (artículo 112 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Es por ello, por lo que reiteran sus pretensiones al no haber tenido acceso a información esencial del expediente y a la resolución que haya puesto fin al procedimiento, en caso de haberse dictado.

Consideraciones

1. El artículo 18.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), atribuye a los vecinos el derecho a ser informados, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.

Este precepto debe relacionarse con otras previsiones contenidas en ese mismo texto normativo, tales como el artículo 69 LRBRL, que obliga a las Corporaciones locales a facilitar la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local; o el 70.3 LRBRL en donde se regula el derecho de los ciudadanos a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.

2. A su vez, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula los derechos de los ciudadanos en dos artículos diferenciados, separando los que le corresponden a todas las personas en abstracto cuando se relacionan con las Administraciones Públicas (artículo 13), de los que pertenecen a los interesados en un procedimiento, y siempre que reúnan tal condición (artículo 53). De esta manera, se diferencian aquellos derechos que un ciudadano ostenta frente a la Administración cuando actúa como interesado en un procedimiento, de aquellos que solo le pertenecen por el mero hecho de ser una persona y se pretenda relacionar con la Administración.

Todas las personas tienen el derecho de acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico, de conformidad con el apartado d) del artículo 13 de la Ley 39/2015. Por lo que, atendiendo a este precepto, no se precisa que se acredite la condición de interesado para pretender obtener información sobre un expediente de licencia municipal. Cabe mencionar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana número 325/2011, de 19 de abril en la que se declara la improcedencia de la denegación de solicitud de copia íntegra de un expediente de licencia al sujeto por no acreditar su condición de interesado.

3. Pero es que además el legítimo ejercicio del derecho a obtener información en materia urbanística y ambiental está contemplado en el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, así como en la Ley 27/2006, de 18 julio, que regula ampliamente los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Conforme a todas estas disposiciones, el solicitante de acceso a la información urbanística y ambiental puede acceder a datos o documentos contenidos en un procedimiento pese a que no ostente la condición de interesado en el mismo. También puede acceder a cualquier tipo de información o documentación que obre en poder de las administraciones forme parte o no de un expediente. Todo ello con las excepciones que fijan dichas leyes y que permiten denegar el acceso.

4. De las alegaciones presentadas por el compareciente se infiere que ese Ayuntamiento ha denegado la solicitud que formuló para que se le permitiera el acceso a la información contenida en un expediente de licencia, dado que entiende que la estimación de la solicitud podría afectar a derechos e intereses legítimos de terceros por la existencia de datos de carácter personal.

Esta causa aducida por esa Administración local para denegar su petición es contraria al tenor literal de las leyes y también al sistema y principios de acceso a los documentos que obran en los expedientes administrativos. Lo que pretendía la mercantil compareciente al solicitar copia de dicho expediente era comprobar la adecuación de unas obras a la normativa.

Es pública la acción para exigir la observancia de la legislación urbanística y de los planes, programas, proyectos, normas y ordenanzas. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante su ejecución y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.

En materia urbanística, la acción pública permite que cualquier ciudadano pueda solicitar la supervisión de determinadas obras y la Administración tiene el deber de inspeccionarlas y de comprobar si cuentan con la preceptiva licencia y se están ejecutando de conformidad con ésta y con el resto de la normativa que le sea aplicable. Además, existe una abundante jurisprudencia que sostiene que el ejercicio de la acción pública se reconoce a favor de los ciudadanos y que no se requiere una especial legitimación, como puede ser la derivada de un título de propiedad; de manera que la actuación de los ciudadanos que instan poner en marcha un proceso, es lícita y ajustada a Derecho sean o no propietarios de cualquier otro inmueble, y lo es aunque solo invoquen el interés de cualquier ciudadano en la preservación de la legalidad urbanística, aún sin pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada. Ello implica que disponen del derecho de acceso y de obtener copia de los expedientes administrativos en cualquier momento de su tramitación.

5. En suma, el derecho de información, genéricamente referido a cualquier actuación administrativa, tiene especial relevancia en el derecho urbanístico, donde el control de la observancia de la legalidad, así como la de los planes y demás instrumentos de ordenación y de gestión urbanística, puede ser instada por cualquier ciudadano, conforme al citado artículo 5 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

En los mismos términos se expresa el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo cuando establece en el artículo 8.2 que corresponden a todos, además de los reconocidos por la legislación general básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por la legislación estatal sobre suelo, los siguientes derechos: a) solicitar y obtener de la Administración competente información sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y evaluación ambiental, así como respecto de los requisitos para la formulación de instrumentos urbanísticos,(…); e) exigir el cumplimiento de la legislación urbanística, incluso mediante el ejercicio de la acción pública.

Además el artículo 93 del Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto 34/2011, de 26 de abril establece en su apartado primero que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, puede ejercer la acción pública para hacer respetar la legalidad urbanística y poner en conocimiento de la Administración la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción urbanística, sin perjuicio de poder exigirlo ante los Tribunales Contencioso-Administrativos. Y su apartado tercero dispone que quien hubiese presentado una denuncia tendrá la consideración de interesado en los procedimientos sancionadores y de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística a cuya incoación dé lugar la misma.

En suma, en los expedientes urbanísticos todas las personas disponen de la condición de interesadas sin necesidad de acreditar legitimación especial.

Para garantizar el derecho a la información urbanística se articulan dos mecanismos: el examen material y directo de los actos administrativos y la información directa por escrito. Además, este derecho lleva aparejado el de poder obtener copia de la documentación de los planes y proyectos, así como la documentación de los expedientes urbanísticos en que han sido tramitados.

6. No es causa válida de denegación del acceso a la información la expresada por ese Ayuntamiento cuando dice que el expediente contiene datos de carácter personal y podría afectar a derechos e intereses legítimos de terceros. La motivación debería incluir en este caso una mínima indicación de qué derechos e intereses se verían afectados; y cómo quedarían afectados. Tampoco cabe sostener que el acceso a un proyecto técnico divulgado que obra en los archivos municipales y que, además, es soporte para otorgar una licencia, vulnere los derechos de terceros. No se atisba qué derechos de terceros ciudadanos han de protegerse con la denegación o qué afectación negativa para el interés público o general derivaría del acceso. De nuevo pues se aduce una causa genérica sin fundamento real con que contrastarla.

Si ese Ayuntamiento estima que ciertos datos que integran el proyecto son confidenciales, entonces de ser posible los separará de la información ambiental y urbanística solicitada y pondrá ésta parcialmente a disposición del solicitante (artículo 14 de la Ley 27/2006). Las administraciones públicas deben facilitar la información urbanística y ambiental que sea posible separar de la afectada por una causa de denegación tasada por la Ley. En consecuencia, si el proyecto que pretende el interesado consultar contiene datos personales cuya confidencialidad deba ser garantizada por la Administración, basta con facilitar únicamente copia en la que se hayan desagregado los datos personales referidos, por ejemplo, tachándolos.

Una interpretación contraria o distinta no se correspondería con la letra y finalidad de la Ley 27/2006, que claramente pretende otorgar a los ciudadanos un derecho de acceso a la información disponible en las administraciones públicas lo más amplio posible; de ahí las referencias a toda la información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma (artículo 14 Ley 27/2006), y de ahí también que las causas de restricción del derecho se encuentren estrictamente tasadas.

Por tanto, carece de respaldo normativo excluir del concepto de información ambiental la de carácter técnico o gráfico, o la de los proyectos de obras o las licencias otorgadas. Tampoco cabe motivar una denegación con causas genéricas e incontrastables.

7. Finalmente, el interesado afirma que el 19 de enero de 2018 (número de registro ……….), solicitó a esa Administración local información sobre el estado de tramitación de la licencia municipal y, en caso de que se hubiera otorgado, se les facilitase una copia de la misma. Hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna.

Por tanto, dicho escrito contenía una petición concreta y ese Ayuntamiento se encuentra vinculado al deber de resolver expresamente sobre lo solicitado (artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Y, además, a notificarle la resolución conforme a la ley (artículo 40.2 de la Ley 39/2015).

Decisión

En virtud de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo se formulan a ese Ayuntamiento las siguientes resoluciones:

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

Facilitar a los ciudadanos la información urbanística que soliciten en el ejercicio del derecho que les está reconocido en esta materia, conforme a los artículos 1, 2, 3 y 14 de la Ley 27/2006 y artículo 5 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

SUGERENCIAS

1. Facilitar al autor de la queja el acceso y copia de la documentación completa que integra el expediente administrativo …/2017 URB, incluidos los documentos a los que aun no ha tenido acceso, de modo que pueda ejercer la acción pública urbanística o cualquier otra que pueda corresponderle.

2. Dictar resolución expresa sobre la solicitud presentada por el interesado el 19 de enero de 2018 y notificársela, conforme dispone el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se agradece de antemano su colaboración y se solicita, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica, que a la mayor brevedad posible, comunique si acepta o no el RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES y las SUGERENCIAS, indicando en este último supuesto las razones en que funde su negativa.

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo (e.f.)