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Se ha recibido escrito de esa consejería, referido a la queja arriba indicada.

Consideraciones

1. En su informe comunica que la resolución por la que se aprueba el acuerdo de concentración data del 19 de enero de 2010, fecha en la que adquiere firmeza, y que, como consecuencia de dicha concentración, se adjudicó la finca número (…) al interesado (propietario …).

2. Esta adjudicación fue modificada el 16 de octubre de 2018, para incluir como copropietaria a otra persona, con el 50 % de adjudicación, si bien la rectificación no había sido corregida hasta la aprobación del acta de 6 de septiembre de 2023.

3. De la información aportada se desprende que, si bien esa consejería está adoptando medidas para satisfacer la pretensión del interesado, no ha dado respuesta expresa y por escrito a las solicitudes presentadas por éste ni ha escriturado aún la citada modificación, a pesar de que adquirieron firmeza hace más de cinco años, por lo que el derecho de propiedad del interesado se ve afectado, ya que no puede ejercer todos los derechos inherentes a su situación en tanto no disponga del documento acreditativo de la propiedad.

4. Cabe señalar que tanto el artículo 103 de la Constitución como el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevén que la Administración pública sirva con objetividad los intereses generales y actúe con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

5. El sometimiento de la Administración a lo previsto en la norma es esencial para el cumplimiento de los fines del Estado de derecho y la ausencia de ejecución de una resolución, o la finalización de un procedimiento, de modo que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos, no tienen cabida en un Estado que respeta y sirve a sus ciudadanos, y ello con independencia de las circunstancias en las que se produzca ese silencio o las dificultades que aquejen al organismo que debe dictar la resolución.

6. Cabe recordar que únicamente la Administración puede impulsar los trámites para finalizar el procedimiento que haga efectiva dicha resolución, utilizando para ello todos los medios previstos para lograrlo, en tanto que una mala praxis puede transformarse en indefensión, ya sea formal o material, del ciudadano, lo que conlleva la pérdida de la confianza que legítimamente depositan en la Administración, como garante de sus derechos, y a la que cabe exigir la misma diligencia en el cumplimiento de las obligaciones administrativas que la que se exige a la ciudadanía en las suyas.

Decisión

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, se ha resuelto formular a esa consejería la siguiente:

SUGERENCIA

Que se protocolice el acta de la Dirección General de Desarrollo Rural, que autoriza la rectificación de la adjudicación de la parcela de los propietarios (…), derivada del procedimiento de concentración parcelaria de Ventosa de la Cuesta-Matapozuelos-Villalba de Adaja (…) (Valladolid).

Adicionalmente se solicita que comunique a esta institución la fecha en que se protocoliza el acta citada y la fecha en que se le notifica al interesado.

Se agradece de antemano su colaboración y se solicita, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica que, en el menor tiempo posible, comunique si acepta o no la sugerencia, indicando en este último supuesto las razones en que funde su negativa.

Le saluda muy atentamente,

Ángel Gabilondo Pujol

Defensor del Pueblo