Acceso a la documentación y publicaciones

Ha comparecido ante esta institución una vecina de esa localidad, solicitando nuestra intervención.

Consideraciones

1. La interesada expone que ese ayuntamiento ha impuesto a los vecinos del municipio la obligación de comunicar cualquier desplazamiento que realicen a las autoridades municipales mediante teléfono o whatsapp, durante la duración del estado de alarma decretado por el Gobierno, excediendo dicha orden las restricciones que a la libertad de circulación impone el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

2. Con motivo de la tramitación de varias quejas en relación a la restricción de derechos fundamentales ante la Secretaría de Estado de Seguridad a raíz del Decreto del estado de alarma antes citado, esta institución formuló al citado organismo, entre otras Recomendaciones, la de “Instar a las entidades locales a eliminar cualquier tipo de bando o comunicado en el que se recojan mayores restricciones a las ya contempladas en el Real Decreto 463/2020”.

3. En la respuesta remitida por la citada secretaría de Estado se aceptó plenamente la Recomendación formulada, porque el ministerio afirmaba que “las Corporaciones Locales únicamente están facultadas para la adopción de medidas tendentes a cumplir y hacer cumplir las órdenes de las autoridades competentes, sin que quepa entre sus competencias implantar nuevas medidas de limitación de movimientos de la ciudadanía”.

4. Teniendo en cuenta lo expuesto, así como las nuevas medidas introducidas por el Gobierno en la denominada “desescalada”, o técnicamente el “Plan para la Transición hacia una nueva normalidad”, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril de 2020, que permite una salida gradual de la población en un progresivo desconfinamiento, se estima que las citadas órdenes contenidas en el comunicado y en los carteles informativos instalados en ese municipio no tienen apoyatura legal, al limitar sin fundamento el derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos.

Decisión

En el ejercicio de las responsabilidades que le confieren al Defensor del Pueblo los artículos 54 de la Constitución y 1 y 9 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril de 1981, reguladora de esta institución, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 30.1 de aquella Ley Orgánica, formularle la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Dejar sin efecto la orden de esa alcaldía dirigida a la población de ese municipio, en el que se obliga a los ciudadanos a comunicar a las autoridades municipales cualquier desplazamiento que prevean realizar, por imponer mayores restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos que los contenidos en la normativa reguladora del estado de alarma aprobada hasta la fecha por el Gobierno de la Nación, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

En consecuencia, prosigue la actuación solicitando información en el sentido de si se acepta o no la RECOMENDACIÓN formulada y, en caso negativo, las razones que se estimen para su no aceptación.

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo (e.f.)