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Se ha recibido su escrito, en el que informa a esta institución que se ha dictado resolución sobre el escrito cuya falta de respuesta dentro de los plazos legalmente establecidos denunciaba el autor de la queja, así como de su notificación al interesado.

Consideraciones

1. Del contenido de dicho informe se desprende que el escrito de reclamación objeto de la queja fue presentado el 14 de febrero de 2019, y ha sido resuelto el 30 de diciembre de 2019, habiéndose sobrepasado el plazo máximo de tres meses del que disponía para dictar y notificar la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 21.1 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Se expresa la concurrencia de una posible falta de fundamento de la reclamación –dirigida a que se llevara a cabo la cobertura legal de un puesto de trabajo-, pues su interposición se realizó cuando el puesto se encontraba, a esa fecha, ocupado aún por su titular, habida cuenta que la declaración de la situación de incapacidad temporal no se produjo hasta el 18 de marzo de 2019, momento en que queda sin la cobertura de la titular de la plaza.

No se alude a que la carencia de fundamento haya sido determinante de la tardanza en su efectiva resolución en plazo, sin que en su tramitación se aprecie, ni se alegue, no obstante, la concurrencia de alguno de los supuestos por los que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se puede suspender, de acuerdo con el artículo 22 de dicha norma, previsión normativa que se ha estimado oportuno traer a colación a modo de recordatorio.

Constituye, además, un deber de la Administración, que confirma y fundamenta su voluntad, expresada en el acto administrativo, resolver lo solicitado en el sentido que se estime oportuno conforme a Derecho, lo que facilita el control jurisdiccional del acto, al dar a conocer su motivación y el porqué de su actuación. También constituye una garantía del ciudadano para el ejercicio de su defensa. En esta línea, debe dejarse constancia también de que el Defensor del Pueblo se encuentra especialmente vinculado por lo dispuesto en el artículo 17.2, último párrafo, de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, según el cual “en cualquier caso velará por que la Administración resuelva expresamente en tiempo y forma las peticiones y recursos que le hayan sido formulados”.

Decisión

A la vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo, al amparo de lo previsto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, ha decidido formular a esa Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales el siguiente:

RECORDATORIO DEL DEBER LEGAL

Dictar resolución expresa sobre cuantas solicitudes se formulen por los interesados, en el plazo máximo establecido para dictar y notificar la resolución.

No obstante lo anterior, se da por conforme dicho escrito, puesto que con ello se ha logrado el objetivo pretendido al iniciar la presente tramitación, dirigida a obtener la realización, en el ámbito de esa Administración, de las actuaciones precisas para dar cumplimiento al deber legal de dar respuesta expresa a las solicitudes que formulen los interesados, impuesto a las administraciones públicas por la legislación procedimental vigente y, habiéndolo comunicado al interesado, se procede a FINALIZAR las actuaciones seguidas con ocasión de dicha queja, en virtud de lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo (e.f.)