Acceso a la documentación y publicaciones

Se agradece su escrito, en relación con la queja formulada por Dña. (…..), registrada con el número arriba indicado.

Analizado su contenido, esta institución estima necesario realizar una serie de consideraciones al respecto, que se exponen a continuación.

Consideraciones

1. De la información y documentación que se acompaña se desprende que con fecha 16 de julio de 2021 esa Administración local ha respondido a los escritos presentados por la Sra. (…..) en fechas 23 de noviembre de 2020, 24 de marzo de 2021 y 13 de mayo de 2021, en los que solicitaba que le fuera remitida copia del ejercicio práctico realizado el 12 de noviembre de 2020 en el proceso selectivo de “Bolsa de funcionario interino de Técnico de Administración General”, sin motivar esa corporación local, en modo alguno ante esta institución, las razones de dicha demora.

2. Esta ausencia de actividad administrativa respecto a las solicitudes presentadas, pues no ha sido hasta la intervención de esta institución cuando se han respondido, conlleva a que esa Administración repare, como ha sido ya manifestado por el Defensor del Pueblo ante ese Ayuntamiento en anteriores ocasiones por la tramitación de otras quejas, en que no queda a su arbitrio la expresa resolución o no a las solicitudes de los ciudadanos. Lo que exige la norma es que la Administración destinataria responda de manera motivada en tiempo y forma porque así resulta de lo previsto específicamente en el conjunto de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas.

3. Se reitera que el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, por la que se rige esta institución, dispone que el Defensor del Pueblo, en cualquier caso, velará por que la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados, cumpliendo así lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. El artículo 20 de la citada ley señala que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las administraciones públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

5. El artículo 103 de la Constitución señala que la actuación de la Administración debe servir a los intereses de los ciudadanos, no debiendo repercutir las deficiencias de la actuación administrativa sobre los mismos, lesionando sus legítimos derechos, pues incumbe a las administraciones públicas regirse en sus actuaciones por los criterios de eficacia y servicio a los ciudadanos.

Decisión

Sobre la base de las argumentaciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, he resuelto reiterar a ese Ayuntamiento de Jumilla el siguiente:

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

Cumplir el deber legal que le incumbe de resolver en tiempo y forma los recursos administrativos que le hayan sido formulados, de conformidad con las normas reguladoras del procedimiento administrativo.

Agradeciendo la atención que se preste a la citada resolución, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, a finalizar las actuaciones iniciadas con ocasión de esta queja.

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo (e.f.)