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El Defensor del Pueblo ha elaborado el informe denominado «Retos de la inclusión financiera. Servicios bancarios y personas vulnerables», preocupado por distintas cuestiones relacionadas con el acceso a los servicios financieros por parte de determinados colectivos vulnerables.

Con independencia de las recomendaciones que siguen, ha de tenerse también en cuenta la recomendación que el Defensor del Pueblo formuló al Gobernador del Banco de España, en noviembre de 2023, para que se diera cumplimiento en el ámbito de supervisión de dicho organismo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que obliga a la aplicación de métodos o instrumentos suficientes para la detección y prevención de situaciones discriminatorias, así como a la articulación de medidas adecuadas para el cese de tales situaciones, que ha sido aceptada por V.E.

Como conclusión de este informe, que adjunto se acompaña, se han formulado una serie de Recomendaciones dirigidas a distintos organismos públicos con competencias en la materia, entre los que se encuentra el Banco de España.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, procede formular las siguientes:

RECOMENDACIONES

1. Emitir una circular que clarifique las menciones que la normativa sobre cuentas de pago básicas hace a la imposibilidad de ejecución de la expulsión de ciudadanos extranjeros por razones jurídicas o, de hecho, a fin de que no se efectúen requerimientos documentales de imposible cumplimiento.

2. Establecer una vía de cooperación estable con las autoridades de Policía Nacional, como cuerpo responsable de la gestión documental de identidad para ciudadanos españoles y extranjeros que permita trasladar de manera periódica a las entidades bancarias información que les facilite la tarea de determinar los documentos de identificación personal exigibles en cada supuesto o situación administrativa.

3. Publicar, en colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), una actualización de los «Criterios comunes de buenas prácticas sobre la aplicación de la normativa de prevención de blanqueo al adoptar bloqueos o cancelar relaciones con la clientela» que contemple las especiales circunstancias en las que pueden encontrarse determinadas personas que pretendan acceder a cuentas de pago básicas, que prime el control continuado de los movimientos financieros y evite la denegaciones basadas en apreciaciones de riesgo genérico, por su carácter discriminatorio.

4. Dictar instrucciones para facilitar el tránsito entre cuentas comerciales y cuentas de pago básicas, prestando especial atención al supuesto de implicación de dos entidades bancarias; todo ello con el objetivo de facilitar en lo posible la continuidad de los pagos por servicios y suministros básicos y la percepción de prestaciones y ayudas de carácter social.

5. Dictar criterios y establecer buenas prácticas bancarias para los procedimientos de bloqueo y cierre de cuenta, atendiendo a situaciones de vulnerabilidad y percepción de ayudas o prestaciones sociales.

6. Realizar un estudio, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, sobre el costo neto asociado a la gestión de cuentas de pago básicas, así como sobre las vías a través de las cuales podría incentivarse el que las entidades bancarias las ofrezcan a su clientela.

7. Mejorar el seguimiento de la información estadística disponible sobre el acceso, operativa asociada y gestión de las cuentas de pago básicas, así como su uso por personas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión.

8. Crear una comisión de seguimiento de la lucha contra la exclusión financiera que realice estudios de las características y los factores de vulnerabilidad específicos que pueden afectar a cada uno de los colectivos más expuestos.

9. Constituir un grupo de trabajo para examinar la viabilidad de que la empresa pública Correos y Telégrafos pueda prestar servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias, así como la posibilidad de reproducir ese modelo de agencia con otras entidades con características y niveles de implantación territorial similares.

10. Reforzar la atención prestada en los planes estatales de educación financiera a los colectivos en riesgo de vulnerabilidad y en situación vulnerable, e incluir estrategias de específicas para cada uno de estos grupos.

11. Establecer un grupo de trabajo para analizar las experiencias que se vayan conociendo sobre aplicación de técnicas de inteligencia artificial en los procedimientos y la operativa bancaria y evaluar su impacto y los procedimientos de evaluación de posibles sesgos y otros efectos indeseados.

En espera de la remisión de la información, en la que se ponga de manifiesto la aceptación de estas Recomendaciones, o en su caso, las razones que pueda fundamentar su no aceptación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo,

le saluda muy atentamente,

Ángel Gabilondo Pujol

Defensor del Pueblo