Acceso a la documentación y publicaciones

Se ha recibido su escrito referido a la queja arriba indicada.

Consideraciones

1.- La respuesta de ese ministerio no es suficiente, a juicio de esta institución, para cerrar las actuaciones. Con independencia de la titularidad de la competencia de diversas administraciones territoriales en materia de vivienda (entre las que se incluye la Administración General del Estado), y de las competencias del Ministerio del Interior en lo que se refiere a la persecución de delitos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo cierto es que el problema que se describe en el Dictamen aludido es una realidad que, por desgracia, afecta a numerosas personas en nuestro país. Un problema que, entiende esta institución, debe abordarse desde una perspectiva más amplia que la de una simple cuestión de orden público, pues esconde un problema habitacional muy grave al que es necesario poner remedio.

Es cierto que la política de vivienda stricto sensu corresponde a las Comunidades Autónomas, especialmente en lo relativo a los procedimientos de adjudicación de viviendas de titularidad pública. Pero ello no implica que la Administración General del Estado no pueda impulsar, coordinar e incluso sugerir, con el máximo respeto a las competencias autonómicas, determinadas líneas de actuación en esta materia, sobre todo cuando convergen derechos fundamentales de los ciudadanos.

2.- Por otra parte, nada se dice en la respuesta acerca de las medidas concretas que van a adoptarse en relación al Dictamen mencionado, más allá de una remisión a una futura Ley de Vivienda.

Decisión

1.- Se solicita un nuevo informe en el que se describan las medidas concretas que se hayan adoptado o se vayan a adoptar en relación al Dictamen mencionado.

En cuanto al problema de fondo, que es la relación entre las ocupaciones ilegales y la necesidad de vivienda, considera esta institución que es una cuestión que debe incluirse en las políticas de vivienda de las administraciones competentes, por lo que procedería se discutiera en el ámbito de la Conferencia Sectorial en materia de Vivienda, con la intervención de las Comunidades Autónomas.

2.- De conformidad con lo previsto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, se formula ante esa secretaría de estado la siguiente:

SUGERENCIA

Incluir en el orden del día de la próxima sesión de la Conferencia Sectorial en materia de vivienda un punto relativo a la necesidad de estudiar las ocupaciones ilegales como situaciones de necesidad habitacional, sin perjuicio de su consideración como delito.

Se agradece de antemano su colaboración y se solicita, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica, que, a la mayor brevedad posible, comunique si acepta o no la Resolución formulada, indicando en este último supuesto las razones en que funde su negativa. Asimismo, se agradece el envío de la información adicional requerida.

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo (e.f.)