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En relación con la queja de doña (…), registrada con el número (…), sobre la situación en la que se encuentra el Juzgado de Primera Instancia número 101 bis de Madrid y sobre la necesidad de adoptar medidas para paliar el mal funcionamiento del mismo, se ha recibido respuesta de la Secretaría de Estado de Justicia a la Recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, tras la investigación desarrollada con los órganos competentes de la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial.

Consideraciones

1. En la investigación se ha recabado el informe de la Comunidad de Madrid sobre el personal al servicio del mencionado juzgado, sobre las medidas de refuerzo adoptadas y sobre las peticiones tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cursadas por la Administración autonómica para mejorar el tiempo de tramitación del juzgado.

2. Igualmente, consta el informe de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia que reconoce la sobrecarga de trabajo del juzgado en cuestión, así como los datos que justifican un aumento importante de litigiosidad ante los juzgados especializados en cláusulas suelo en Madrid.

3. Por otro lado, también consta en este expediente el informe del Consejo General del Poder Judicial en el que igualmente se reconoce que los retrasos que sufre este juzgado se deben al alto volumen de demandas que atiende y al volumen creciente de litigiosidad en los procesos especializados en clausulas suelo.

4. En consecuencia, todas las administraciones con competencias en este asunto han reconocido la existencia de un colapso en el Juzgado de Primera Instancia  número 101 bis de Madrid que conoce de asuntos referentes a clausulas suelo, y todas consideran que han hecho lo que se les ha pedido por parte del Consejo General del Poder Judicial en relación con el refuerzo de personal del juzgado, sin que con ello se haya solucionado el problema, ni se haya mejorado la situación de afectación de los derechos a la tutela judicial efectiva de los usuarios de estos juzgados, que siguen sufriendo dilaciones indebidas en la resolución de sus demandas. En vista de todo ello, se formuló una Recomendación al Ministerio de Justicia para que se procediera a adoptar las medidas necesarias para la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en Madrid al que se pudiera atribuir en exclusiva el conocimiento, a nivel provincial, de este tipo de acciones sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

5. El Ministerio de Justicia, en su escrito de fecha 18 de febrero, ha admitido parcialmente la Recomendación del Defensor del Pueblo, aunque recuerda que este tipo de decisiones no dependen exclusivamente de la actuación de una Administración, sino que requieren de la concurrencia de la Administración autonómica competente, en este caso de la Comunidad de Madrid, y del Consejo General del Poder Judicial para poder llevarse a cabo. En el caso de la Comunidad de Madrid que se incluya en su solicitud para la programación de nuevos juzgados del 2022 la creación de un nuevo juzgado de primera instancia. Y en el caso del Consejo General del Poder Judicial, que se autorice la especialización de dicho juzgado.

6. En este sentido, el Ministerio de Justicia ha informado que en las programaciones correspondientes a 2020 y 2021, el Ministerio de Justicia asignó a la Comunidad de Madrid, 3 nuevas unidades judiciales a crear en la programación de 2020 y 8 nuevas unidades judiciales para la programación de 2021. La Comunidad de Madrid, no ha solicitado en su propuesta de creación para estas programaciones, ningún nuevo juzgado de primera instancia para el partido judicial de Madrid. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, en su propuesta de creación de nuevas unidades judiciales para la programación de 2020, tampoco ha incluido la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en Madrid, dado que el incremento de la planta judicial en 2020 tenía como objeto mejorar los órdenes jurisdiccionales social, mercantil y contencioso-administrativo.

7. Sin embargo, la programación de desarrollo de la Planta Judicial de 2022 se iniciará en este primer cuatrimestre, con la distribución de las 70 unidades judiciales que integran la programación correspondiente a 2022, entre todas las comunidades autónomas, una vez que se reciba el informe correspondiente del Consejo General del Poder Judicial del año 2021. Una vez realizada esta distribución, se solicitará a las comunidades autónomas que hagan sus propuestas priorizando el tipo de juzgados que consideran conveniente crear. Es entonces cuando la Comunidad de Madrid podría incluir la necesidad de este nuevo juzgado de primera instancia, tal y como había sido requerido por el Consejo General del Poder Judicial y por la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Solo entonces el Ministerio de Justicia podrá proceder a valorar esta solicitud a partir de los datos de carga de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento, y determinar en su caso la creación de esta unidad judicial como integrante de la programación de 2022.

Por todo cuanto antecede se adopta la siguiente:

Decisión

En vista de todo ello, y en el ejercicio de las responsabilidades que le confieren al Defensor del Pueblo los artículos 54 de la Constitución y 1 y 9 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril de 1981, reguladora de esta institución, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 30.1 de aquella ley orgánica, se ha procedido a formular a esa consejería la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Proceder a incorporar en el informe correspondiente para la propuesta de programación de desarrollo de la Planta Judicial de 2022 que deberá ser remitido al Ministerio de Justicia para su estudio, la solicitud de creación de un nuevo juzgado de primera instancia en Madrid, con el objetivo de que le sea atribuido en exclusiva el conocimiento, a nivel provincial, de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

En consecuencia, prosigue la actuación solicitando información en el sentido de si se acepta o no la RECOMENDACIÓN formulada y, en caso negativo, las razones que se estimen para su no aceptación.

Le saluda muy atentamente,

Ángel Gabilondo Pujol

Defensor del Pueblo