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La persona arriba indicada expone su disconformidad con la demora en la tramitación del expediente de la solicitud del estatuto de apátrida de su hijo menor de edad.

Consideraciones

1. La Sra. (…) manifiesta que su hijo (…), nacido el 25 de agosto de 2010, menor de edad, con pasaporte nº (…), solicitó el estatuto de apátrida el 17 de enero de 2024. Hasta la fecha, habiendo transcurrido nueve meses desde la presentación de su solicitud, no ha recibido resolución sobre dicho procedimiento.

2. De acuerdo con la información facilitada a esta institución el pasado 30 de mayo por esa dirección general en otro expediente objeto de queja, el alto número de solicitudes de reconocimiento del estatuto de apátrida que se están tramitando en estos momentos por la Dirección General de Protección Internacional, unidos al incremento de la gestión y de la resolución de expedientes de protección internacional, así como la adaptación de la unidad a los importantes cambios experimentados recientemente, han supuesto importantes retos de organización y gestión para esa unidad. Por ello, se informó de que se está trabajando intensamente en el diseño e implementación de medidas que permitan agilizar la instrucción y resolución de los expedientes que actualmente se encuentran en tramitación. Sin embargo, desde su último escrito siguen llegando un número muy considerable de queja que inciden negativamente y de manera muy especial en los niños y niñas.

3. El Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida, establece en su artículo que dichas solicitudes se resolverán en un plazo no superior a tres meses.

4. La demora existente en la tramitación de dichas solicitudes vulneran el principio de eficacia que debe regir la actuación administrativa, conforme establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en relación con la obligación de resolver en todos los procedimientos, tanto en los de oficio como en los iniciados a solicitud del interesado.

5. El artículo 39 de la Constitución establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Asimismo, la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor establece en su artículo 2.1 que» todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir».

6. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 establece a su vez la obligación de los Estados Contratantes de facilitar en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los apátridas y del esfuerzo, en especial, por acelerar los trámites de naturalización.

7. El Manual del ACNUR sobre la Protección de las Personas Apátridas establece la necesidad de adoptar garantías adicionales para la toma de decisiones justas para la determinación de la apatridia, entre ellas la consideración de la edad. Establece así mismo que: «los Estados que establecen procedimientos de determinación de la apatridia, deben aplicar el principio de la consecución del interés superior del niño, al considerar la condición de la nacionalidad y la necesidad de proteger a los niños de la apatridia. Las garantías probatorias y procesales adicionales para los niños solicitantes incluyen la prioridad en el proceso de sus solicitudes (…)».

Decisión

Al amparo de lo previsto en los artículos 28 y 30 de la citada Ley Orgánica, se ha resuelto formular a V.I. la siguiente:

SUGERENCIA

Que, en atención a la situación de vulnerabilidad del interesado, en su condición de niño, se resuelva la solicitud del estatuto de apátrida, y se notifique en tiempo y forma.

En la seguridad de que esta resolución será objeto de atención por parte de esa dirección general y a la espera de la respuesta,

le saluda muy atentamente,

Ángel Gabilondo Pujol

Defensor del Pueblo