Resolución expresa en tiempo y forma.

SUGERENCIA:

Que, a la mayor brevedad, se resuelva expresamente el recurso potestativo de reposición interpuesto por la interesada en el sentido que se estime oportuno, en respuesta a cuantos términos fueron planteados en el mismo.

Fecha: 21/12/2023
Administración: Dirección General de la Policía. Ministerio del Interior
Respuesta: En trámite
Queja número: 23019378

 

RECORDATORIO DE DEBER LEGAL:

Que cumpla el deber legal que le incumbe de resolver expresamente en tiempo y forma los recursos administrativos que le hayan sido planteados de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Fecha: 21/12/2023
Administración: Dirección General de la Policía. Ministerio del Interior
Respuesta: En trámite
Queja número: 23019378

 


Resolución expresa en tiempo y forma.

Se agradece su escrito, en relación con la queja planteada por Dña. (…), registrada en esta institución con el número de referencia arriba indicado.

Analizado su contenido, esta institución estima preciso realizar ante esa Dirección General de la Policía una serie de consideraciones al respecto, que se exponen a continuación.

Consideraciones

1. Cabe recordar, en primer lugar, que el motivo de admisión a trámite de la presente queja fue la falta de resolución expresa al recurso potestativo de reposición interpuesto por la interesada en tiempo y forma el 13 de abril de 2023 contra la Resolución de 10 de marzo de 2023, de ese centro directivo, por la que se declaraban admitidos a la fase de concurso a los aspirantes con mayor puntuación para la provisión de plazas de Facultativos y Técnicos del Cuerpo Nacional de Policía, proceso convocado por Resolución de 22 de agosto de 2022.

En la respuesta trasladada a esta institución, ese centro directivo afirma textualmente que:

“En fecha 13 de abril de 2023 la señora (…) interpuso recurso de reposición contra la resolución del Director General de la Policía de 10 de marzo de 2023, por la que se declararon admitidos a la fase de concurso a los aspirantes que obtuvieron mayor puntuación para la provisión de plazas de Facultativos y Técnicos de la Policía Nacional, convocado por Resolución de 22 de agosto de 2022, recurso que se encuentra pendiente de resolución.

En todo caso, como bien indica la recurrente en su propio escrito impugnatorio, en virtud del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en este caso concreto, el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios, resultando ser el recurso de reposición de carácter potestativo, por lo que no es necesaria su interposición para acudir a la vía contenciosa-administrativa”.

2. Cabe recordar, que esa administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación, de conformidad con el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La resolución expresa de las solicitudes y recursos planteados por los interesados forma parte del sistema de garantías de los ciudadanos frente a la actuación de la Administración, mediante la que da a conocer la motivación del acto y el porqué de su actuación, lo que constituye una garantía del ciudadano para el ejercicio de su defensa y facilita su control jurisdiccional.

Por tanto, la Administración no puede optar por resolver expresamente o dejar de hacerlo, aplicando la figura del silencio administrativo. La figura del silencio administrativo está establecida en beneficio exclusivo de los ciudadanos y a los solos efectos procesales, con la finalidad de que el ciudadano pueda superar los efectos de la inactividad de la Administración y acceder a la vía judicial. El incumplimiento de la obligación de resolver en plazo dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del funcionario responsable (artículo 21.6), pero no exime a la Administración de su obligación de resolver conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y siguientes de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Según ha declarado el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, entre ellas, sentencias 188/2003, de 27 de octubre, y 117/2008, de 1 de octubre, el silencio administrativo de carácter negativo es una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes, llegar a la vía judicial, superando los efectos de la inactividad de la Administración.

El silencio administrativo es, por tanto, una técnica dirigida a la protección de los intereses de los ciudadanos con la cual se pretende evitar que la inactividad formal de la Administración cierre el acceso del interesado a la vía jurisdiccional, provocando así su indefensión. Por ello, el silencio administrativo no es otra cosa que una ficción legal que habilita al interesado para acudir a dicha vía jurisdiccional, pero no excluye en ningún caso el deber inexcusable de la Administración de dictar una resolución expresa.

La figura del silencio administrativo negativo actúa en el beneficio exclusivo del ciudadano y a los solos efectos procesales. A este respecto, el Tribunal Supremo ha declarado que dicho silencio “faculta al interesado para entender producida la desestimación presunta del recurso interpuesto por el mero transcurso del plazo fijado para resolverlo, pero sin que ello implique que el recurso haya sido resuelto y no una mera ficción legal para evitar que la impugnación de los actos administrativos sea fácilmente paralizada por la simple inactividad de la Administración- ni excluya tampoco del deber de esta de dictar resolución expresa, que aun siendo tardía podría, como es lógico, ser entonces impugnada en la vía pertinente” (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1980).

Por ello, la Administración no puede ampararse en la pretendida “aplicación” de dicha técnica para justificar así la omisión o demora del deber de dictar una resolución expresa, que le viene impuesto por el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decisión

Sobre la base de las argumentaciones expuestas y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, se ha resuelto formular a esa Dirección General de la Policía las siguientes resoluciones:

SUGERENCIA

Que, a la mayor brevedad, se resuelva expresamente el recurso potestativo de reposición interpuesto por la interesada en el sentido que se estime oportuno, en respuesta a cuantos términos fueron planteados en el mismo.

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

Que cumpla el deber legal que le incumbe de resolver expresamente en tiempo y forma los recursos administrativos que le hayan sido planteados de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A la espera de recibir una comunicación en la que se manifieste la aceptación o rechazo del Recordatorio de Deberes Legales y la Sugerencia formulados,

le saluda muy atentamente,

Ángel Gabilondo Pujol

Defensor del Pueblo

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