Acceso a la documentación y publicaciones

Es de referencia el informe recibido, en relación con la queja tramitada a nombre de D. (…).

Consideraciones

1. Del contenido de dicho informe se desprende que el recurso de reposición objeto de la queja fue formulado el 24 de julio de 2022, y ha sido resuelto y notificado electrónicamente el 25 de enero de 2023, habiéndose sobrepasado con creces el plazo máximo del que se disponía para dictar la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Nada se expresa acerca del retraso en la resolución, ni sobre la superación del plazo legalmente establecido.

No se especifica la concurrencia de otros motivos que expliquen con suficiencia el periodo de tiempo hasta la resolución, ni se fundamenta en la carga de trabajo, ni los recursos personales disponibles para su resolución y su suficiencia, sin que se aprecie, ni se alegue, la existencia de alguno de los supuestos por los que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se puede suspender, de acuerdo con el artículo 22 de dicha norma.

A su vez, el apartado 5 del artículo 21 de la señalada ley procedimental, prevé que cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de este, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo, actuación que no se alega, y se desconoce si se ha llevado a cabo.

3. Constituye un deber de la Administración, que confirma y fundamenta su voluntad, expresada en el acto administrativo, resolver lo solicitado en el sentido que se estime oportuno conforme a derecho, lo que facilita el control jurisdiccional del acto, al dar a conocer su motivación y el porqué de su actuación.

Al propio tiempo supone una garantía del ciudadano para el ejercicio de su defensa. En esta dirección, debe dejarse constancia de que el Defensor del Pueblo se encuentra especialmente vinculado por lo dispuesto en el artículo 17.2, último párrafo, de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, según el cual «en cualquier caso velará por que la Administración resuelva expresamente en tiempo y forma las peticiones y recursos que le hayan sido formulados».

Decisión

A la vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo, al amparo de lo previsto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, ha decidido formular a esa Agencia Española de Protección de Datos el siguiente:

RECORDATORIO DEL DEBER LEGAL

Que se dicte resolución expresa sobre cuantas solicitudes y recursos se formulen por los interesados, en el plazo máximo establecido para dictar y notificar la resolución.

No obstante lo anterior, se procede a FINALIZAR las actuaciones seguidas con ocasión de dicha queja, en virtud de lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo.

Le saluda muy atentamente,

Ángel Gabilondo Pujol

Defensor del Pueblo