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Se ha recibido su escrito, en el que informa a esta institución, y anuncia, que se va a dictar resolución sobre la solicitud de autorización de una comisión de servicios, de 27 de julio de 2021, cuya falta de respuesta dentro de los plazos legalmente establecidos denunciaba el autor de la queja.

Consideraciones

1. Del contenido de dicho informe se desprende que la solicitud de autorización de una comisión de servicios a una plaza del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), objeto de la queja, fue formulada por el interesado el 27 de julio de 2021, adelantando esa Administración su voluntad de resolución expresa de la petición en el plazo de un mes desde la emisión de su informe. Es por ello que se ha sobrepasado con creces el plazo máximo de tres meses del que se disponía para dictar y notificar la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Se expresa la concurrencia de la presentación de la solicitud durante el estado de alarma, por lo que no ha sido posible, en plazo, su resolución expresa. Es oportuno recordar a esa Administración la necesidad de extremar la diligencia debida en la tramitación de los escritos que integran los asuntos encomendados, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para eliminar las posibles trabas que puedan impedir o retrasar el ejercicio pleno de los derechos de los interesados, evitando todo funcionamiento anormal en la tramitación de los procedimientos. Y ello, aun siendo consciente esta institución de la alta incidencia en la actividad administrativa del estado de alarma -causa de la demora invocada de forma genérica-, a la vista del periodo de tiempo invertido en la resolución de la solicitud ‑presumiblemente cercano a un año‑.

Constituye, además, un deber de la Administración, que confirma y fundamenta su voluntad, expresada en el acto administrativo, resolver lo solicitado en el sentido que se estime oportuno conforme a Derecho, lo que facilita el control jurisdiccional del acto, al dar a conocer su motivación y el porqué de su actuación. También constituye una garantía del ciudadano para el ejercicio de su defensa. En esta línea, debe dejarse constancia también de que el Defensor del Pueblo se encuentra especialmente vinculado por lo dispuesto en el artículo 17.2, último párrafo, de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, según el cual “en cualquier caso velará por que la Administración resuelva expresamente en tiempo y forma las peticiones y recursos que le hayan sido formulados”.

Decisión

A la vista de lo anterior, al amparo de lo previsto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, se ha decidido formular a esa dirección gerencia el siguiente:

RECORDATORIO DEL DEBER LEGAL

Que se dicte resolución expresa sobre cuantas solicitudes y recursos se formulen por los interesados, en el plazo máximo establecido para dictar y notificar la resolución.

No obstante lo anterior, se da por conforme dicho escrito, puesto que con ello se ha logrado el objetivo pretendido al iniciar la presente tramitación, dirigida a obtener la realización, en el ámbito de esa Administración, de las actuaciones precisas para dar cumplimiento al deber legal de dar respuesta expresa a las solicitudes y recursos que formulen los interesados, impuesto a las administraciones públicas por la legislación procedimental vigente y, habiéndolo comunicado al interesado, se procede a FINALIZAR las actuaciones seguidas con ocasión de dicha queja, en virtud de lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

Le saluda muy atentamente,

Ángel Gabilondo Pujol

Defensor del Pueblo