Resolución expresa y motivada.

SUGERENCIA:

Dictar resolución expresa y motivada sobre la solicitud presentada por el interesado el 3 de febrero de 2020 y notificársela con expresión de los recursos que contra la misma procedan, conforme disponen los artículos 21 y 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Fecha: 18/11/2020
Administración: Región de Murcia. Ayuntamiento de Abarán
Respuesta: Aceptada
Queja número: 20027140

 


Resolución expresa y motivada.

Se ha recibido escrito de ese Ayuntamiento, referido a la queja arriba indicada.

Consideraciones

1. En comunicación de 26 de octubre pasado, esta institución admitía la presente queja a trámite y solicitaba a ese Ayuntamiento que remitiera información sobre los hechos alegados por el compareciente y además sobre la tramitación dada a la solicitud de revisión de oficio de la resolución sancionadora que presentó el Sr. (…..) el 3 de febrero de 2020 y sobre los motivos por los que a pesar del tiempo transcurrido no se había dictado resolución.

El pasado 12 de noviembre de 2020 esta institución realizaba a ese Ayuntamiento unas consideraciones y solicitaba a esa Alcaldía que remitiera copia de la resolución expresa y motivada que decía haber dictado para resolver dicha solicitud.

En respuesta a dicha solicitud ese Ayuntamiento se limita a remitir copia de un Decreto de 2 de enero de 2.020, que además de ser anterior a la solicitud presentada por el interesado en febrero, en ningún caso resuelve la totalidad de las cuestiones que en ella planteaba.

En suma, a la vista de la respuesta recibida, todo parece indicar que ese Ayuntamiento no tiene voluntad de dictar dicha resolución expresa y motivada a dicha petición de febrero pasado.

2. Se recuerda una vez más que el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, dispone que el Defensor del Pueblo, en cualquier caso, velará por que la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados, cumpliendo así lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Ese Ayuntamiento tiene la obligación de servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, buena fe, confianza legítima y buena administración, que comprende el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable. Se está ante una de las manifestaciones legislativas del derecho a obtener una resolución expresa dentro de plazo.

4. Concretamente la eficacia exige de las administraciones públicas que se cumpla el deber de resolver expresamente las peticiones y recursos, ya que el conocimiento de la fundamentación de las resoluciones administrativas constituye un presupuesto inexcusable para la defensa de derechos e intereses legítimos. La Administración no puede optar entre resolver en forma expresa o dejar de hacerlo ni puede justificar la omisión de dictar resolución expresa, obligación impuesta por el citado artículo 21.1 de la Ley 39/2015. El silencio administrativo es una ficción legal que habilita al interesado para acudir a la vía jurisdiccional, pero no excluye en ningún caso la obligación de la Administración de resolver expresamente.

5. Se reitera que el escrito presentado por el interesado el 3 de febrero de 2020 contenía peticiones concretas y distintas a la resuelta por Decreto de enero pasado. Por tanto, ese Ayuntamiento se encuentra vinculado al deber de resolver expresamente sobre lo solicitado conforme al citado artículo 21 de la Ley 39/2015). Y, además, debe notificarle la resolución conforme a la ley, lo que comprende el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos (artículo 40.2 de la Ley 39/2015).

6. Además, la motivación de los actos administrativos, frecuentemente instada desde esta institución, constituye un principio esencial que ha de regir la actuación de las administraciones públicas y que ha sido puesta de manifiesto en diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Tiene por finalidad la de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto.

Sin embargo, el Decreto de 2 de enero de 2020 no incluye, a juicio de esta institución, una argumentación motivada y objetiva que pueda justificar la desestimación de las alegaciones formuladas por el Sr. (…..), pues se limita a afirmar que no concurre ninguna causa de nulidad absoluta previstas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, sin más fundamentación. Tampoco se efectúan las aclaraciones que reclamaba ni se resuelven otras solicitudes que realizaba.

7. En consecuencia, esta institución considera que a pesar de los meses transcurridos desde que el interesado formulase su solicitud, ese Ayuntamiento debe resolverla de forma expresa y motivada y notificársela en los términos señalados.

8. Por último conviene recordar que el personal al servicio de las administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable (artículo 21.6 de la Ley 39/2015).

Decisión

Por ello, se formula a ese Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, la siguiente:

SUGERENCIA

Dictar resolución expresa y motivada sobre la solicitud presentada por el interesado el 3 de febrero de 2020 y notificársela con expresión de los recursos que contra la misma procedan, conforme disponen los artículos 21 y 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se agradece de antemano su colaboración y se solicita, de conformidad con el artículo 30 de la citada Ley Orgánica que, a la mayor brevedad posible, comunique si acepta o no la SUGERENCIA, indicando en este último supuesto las razones en que funde su negativa.

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo (e.f.)


El Defensor del Pueblo está a tu disposición para estudiar tus quejas y problemas

¿Deseas presentar una queja?

También se puede remitir por correo postal, por fax, o entregar en persona, en nuestro servicio de atención al ciudadano en c/ Zurbano, 42 (28010 Madrid).

Si lo prefieres, puedes descargar este formulario en formato pdf Descargar formulario y, una vez que lo hayas cumplimentado, nos lo envías por correo electrónico a: registro@defensordelpueblo.es

Si tienes alguna dificultad para poner tu queja puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono gratuito 900 101 025, solo disponible para llamadas desde España. Si llamas desde el extranjero marca (+34) 91 432 62 91. Consulta aquí nuestro horario de atención.