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RECORDATORIO DE DEBER LEGAL: Que se respete lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que obliga a la Administración a dictar resolución expresa y a notificarla en el plazo legalmente establecido en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. |
| Fecha: 21/06/2023 |
| Administración: Universidad de Murcia |
| Respuesta: Aceptada |
| Queja número: 23009733 |
Se ha recibido su escrito en el que se contiene información relativa a la queja mencionada más arriba.
Consideraciones
Del escrito remitido se deduce que no se ha dado respuesta expresa a los escritos dirigidos por la interesada a esa Universidad con fecha de 8 de junio, 12 de septiembre y 1 de diciembre de 2022.
Dispone el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, exceptuándose de dicha obligación los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
Señalado lo anterior, se constata que la Administración no ha cumplido su obligación de resolver de manera expresa en el plazo legalmente establecido, sin que dicho incumplimiento esté sustentado en ninguno de los supuestos que eximen a la Administración para dictar resolución expresa.
Decisión
Sobre la base de información aportada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, se ha resuelto formular la siguiente resolución:
RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES
Que se respete lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que obliga a la Administración a dictar resolución expresa y a notificarla en el plazo legalmente establecido en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
A la espera de recibir una comunicación en la que se manifieste la aceptación o rechazo de las resoluciones formuladas,
le saluda muy atentamente,
Ángel Gabilondo Pujol
Defensor del Pueblo
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