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La Sra. (…..9 con domicilio en ….. (Valencia), pone de manifiesto que el 10 de agosto de 2015 interpuso recurso de reposición contra la resolución dictada por esa Secretaría de Estado (RC …../…/…), sin que hasta la fecha se haya dictado resolución (T-…..-…..).

Consideraciones

1. El Defensor del Pueblo considera, sin más indagación, que la queja está fundada y que esa Secretaría de Estado ha incumplido el deber legal contemplado en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El artículo 124 de la Ley la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes.

Los términos y los plazos previstos en las leyes son preceptivos tanto para el ciudadano como para la Administración Pública, de conformidad con lo que dispone el artículo 29 de la citada Ley.

2. La Administración al servicio de los ciudadanos, a quienes exige con rigor el cumplimiento de los plazos y términos legalmente previstos, no puede no respetarlos ella misma. No hay seguridad jurídica cuando la Administración pública tarda, como en el presente caso, más de tres años en resolver un recurso.

Constituye un principio fundamental del procedimiento administrativo cumplir la obligación de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, tal y como establece el artículo 21 de la Ley 39/2015.

3. El Defensor del Pueblo se encuentra especialmente vinculado por lo dispuesto en el artículo 17.2, último párrafo, de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, según el cual “en cualquier caso velará porque la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados”. En el presente caso esa Secretaría de Estado se ha demorado más de tres años en dictar resolución expresa sobre el recurso de reposición que afecta a la Sra. (…..).

4. Tanto el artículo 103 de la Constitución española como el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevén que la Administración pública sirva con objetividad los intereses generales y actúe con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. El sometimiento de la Administración a lo previsto en la norma es esencial para el cumplimiento de los fines de un Estado de Derecho.

Decisión

A la vista de la información recibida y en uso de las atribuciones que le vienen conferidas por el artículo 54 de la Constitución y el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, el Defensor del Pueblo ha resuelto formular a esa Secretaría de Estado el siguiente:

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

Resolver expresamente y notificar en los plazos establecidos las peticiones y recursos que le hayan sido formulados, en todos los procedimientos y cualquiera que sea su forma de iniciación, conforme al artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En espera de la remisión de la preceptiva respuesta, en la que se ponga de manifiesto la aceptación del RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES o, en su caso, de las razones que estime para no aceptarlo,

le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo (e.f.)