Tipo de actuación: Recordatorio
Administración: Ayuntamiento de Herrera del Duque (Badajoz)
Respuesta de la Administración: Sin Seguimiento
Queja número: 17025070
Se ha recibido su escrito referido a la queja arriba indicada y, tras examinar su contenido se evidencia que según los informes emitidos por la Diputación Provincial, las obras denunciadas se ejecutaron hace más de cuatro años. Por tanto afirma ese Ayuntamiento que no es posible restablecer el orden urbanístico infringido, ya que se ha producido la prescripción de la infracción y la caducidad de la acción existiendo, por tanto, un desapoderamiento de la Administración para obligar a los autores a su demolición.
Atendiendo a la información facilitada, esta institución no puede llevar a cabo gestiones adicionales en relación con la queja presentada por la interesada. No obstante, y sin perjuicio de la finalización de las presentes actuaciones, esta institución considera preciso realizar las siguientes:
Consideraciones:
1. Los Ayuntamientos tienen encomendada la protección de la legalidad urbanística y ésta comprende tres funciones básicas: inspeccionar las obras, edificaciones y usos de suelo para comprobar su adecuación al ordenamiento jurídico, adoptar las medidas necesarias para la restauración del orden urbanístico infringido y reponer los bienes afectados al estado anterior y, por último, sancionar a los responsables de las infracciones. Estas potestades son de ejercicio inexcusable, y las autoridades y funcionarios están obligados a reaccionar de conformidad con los principios de eficacia, economía y celeridad contemplados en el artículo 103 de la Constitución.
Debe tener presente ese Ayuntamiento que las dilaciones en la tramitación de los expedientes sancionadores y de restablecimiento de la legalidad nunca son gratuitas, sino que redundan en el beneficio de los infractores de las normas y van en detrimento del propio municipio y de sus vecinos.
Además, los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. (artículo 20 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
2. Finalmente, y puesto que ha transcurrido el plazo legal para poder adoptar medidas de restitución de la legalidad, confía esta Institución en que ese Ayuntamiento tenga presente que las obras no son susceptibles de legalización y su sujeción a los límites impuestos por el régimen de fuera de ordenación (artículo 197 de Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura).
3. En consecuencia, y conforme a la jurisprudencia, se recuerda a esa Entidad local que únicamente se podrán autorizar las reparaciones para la estricta conservación de la habitabilidad, la supresión de barreras arquitectónicas o la utilización conforme al destino establecido, pero no se podrán autorizar obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o que supongan un incremento de su valor de expropiación.
Decisión
1ª Se ha considerado procedente, de conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, formular ante ese Ayuntamiento el siguiente:
RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES
Adoptar las medidas necesarias para impedir que las infracciones urbanísticas detectadas se consoliden por el mero transcurso del tiempo, ejerciendo las potestades municipales de inspección, preservación y restablecimiento del orden urbanístico infringido.
2ª Sin perjuicio del Recordatorio de Deberes Legales formulado a esa Administración municipal, que confía esta institución que sea tenido en cuenta para casos futuros, se dan por FINALIZADAS las actuaciones y se procede al archivo del expediente según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.
Le saluda muy atentamente,
Francisco Fernández Marugán
Defensor del Pueblo (e.f.)
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