Ha comparecido doña (…), solicitando la intervención de esta institución.
Consideraciones
1. La interesada, presentó su solicitud para obtener la nacionalidad española en el 2016, expediente (…).
2. Han transcurrido más de seis años, por lo que se ha sobrepasado ampliamente el plazo de un año establecido por la ley, pese a lo cual, la información que facilita la página web del ministerio es que el expediente sigue en trámite.
3. Según parece, el retraso, al menos en parte, se debería a la exigencia de las certificaciones DELE y CCSE, sin tener en cuenta su condición de persona analfabeta según se acreditaría por la documentación de su país de origen, Ghana, que se adjunta, junto con el resto de la documentación laboral que acreditaría su integración como camarera de piso, a pesar de su analfabetismo.
4. Esta queja reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 54 de la Constitución en relación con lo que dispone la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril del Defensor del Pueblo.
Por todo cuanto antecede se adopta la siguiente:
Decisión
En el ejercicio de las responsabilidades que le confieren al Defensor del Pueblo los artículos 54 de la Constitución y 1 y 9 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril de 1981, reguladora de esta institución, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 30.1 de aquella Ley Orgánica, se ha valorado oportuno formular a V.E. la siguiente:
SUGERENCIA
Que se resuelva sin mayor dilación, y en el sentido que corresponda, el expediente de nacionalidad (…) que acumula una demora de más de seis años, atendida la circunstancia de analfabetismo acreditada por la interesada, si fuese el caso.
En consecuencia, de inician actuaciones en relación con los hechos descritos, de conformidad con el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 3/1981, reguladora de esta institución y se solicita remita información sobre la demora que acumula el expediente concernido y, en su caso, si se acepta o no la Sugerencia formulada y, en caso negativo, las razones que se estimen para su no aceptación.
Le saluda muy atentamente,
Ángel Gabilondo Pujol
Defensor del Pueblo