Acceso a la documentación y publicaciones

Se acusa recibo de su escrito sobre el asunto arriba indicado.

Consideraciones

1. Se agradece la información remitida sobre el ingreso de menores procedentes de centros de reforma en la Unidad de Custodia Hospitalaria (UCH) del Hospital Punta Europa de Algeciras.

Según se informa, consta el ingreso de un menor, procedente del centro de menores infractores de «La Marchenilla» en Algeciras, al presentar un cuadro de ayuno voluntario basado en razonamiento delirante, siendo este un ingreso aislado y excepcional.

Los criterios para la toma de tal decisión de ingreso fueron acordados y consensuados por el Comisario Jefe Provincial de Cádiz, de la Unidad Adscrita de Policía Nacional y los responsables del centro, basados en el estado de salud mental del menor y que la UCH del hospital cuenta con personal de custodia las 24 horas, para garantizar las medidas de seguridad adecuadas para el menor, el personal sanitario y el resto de los pacientes.

En este caso el menor permaneció en una habitación individual, no teniendo contacto con ningún interno adulto, siendo puestos todos los hechos en conocimiento del Juez de Menores responsable de la medida cautelar de internamiento, y siéndole comunicados puntualmente, tanto su ingreso en el centro hospitalario (16 de mayo de 2017) como su reingreso en el Centro de Reforma tras el alta hospitalaria (30 de mayo de 2017).

2. Según ha informado la Junta de Andalucía se han producido más casos de ingresos de menores de edad, procedentes de centros de menores infractores en esta misma UCH.

3. Las personas a las que se aplica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados por España.

Prescribe la propia Ley Orgánica 5/2000, que las medidas privativas de libertad, la detención y las medidas cautelares de internamiento que se impongan de conformidad con esa norma, se ejecutarán en centros específicos para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislación penitenciaria para la ejecución de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los mayores de edad penal.

Conforme al artículo 38 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, la entidad pública y el organismo que en el respectivo territorio tengan atribuida la competencia en la materia, adoptarán las medidas oportunas para garantizar el derecho de los menores internados a la asistencia sanitaria gratuita reconocida por la ley. Esta entidad adoptará las medidas oportunas para que se dispense a los menores internados, la asistencia sanitaria en los términos y con las garantías previstos en la legislación aplicable.

4. Pueden darse supuestos en los que la vigilancia y custodia del menor, durante su permanencia en un centro sanitario, se lleve a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando exista riesgo fundado para la vida o la integridad física de las personas o para las instalaciones sanitarias.

Pero incluso en este caso, a juicio de la institución, salvo supuestos muy excepcionales, no se debe producir el ingreso y la custodia de menores en Unidades de Custodia Hospitalarias, ya que estas son infraestructuras destinadas a atender a personas privadas de libertad mayores de edad y procedentes de centros penitenciarios.

Ha de tenerse presente siempre el interés superior del menor, así como el libre desarrollo de la personalidad de este. También es imperativa, la coordinación de actuaciones y la colaboración con los demás organismos de la propia o de diferente Administración, que intervengan con menores y jóvenes, especialmente con los que tengan competencias en materia de educación y sanidad.

Por todo lo anteriormente indicado, se formula Recomendación.

Esta misma Recomendación se remite a la Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Sanidad y Familias de la Junta de Andalucía. Igualmente, se informa a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Decisión

De conformidad con los artículos 1, 9 y 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, se continúan las actuaciones en la presente queja y en atención a lo establecido en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, se formula la siguiente

RECOMENDACIÓN

Salvo casos de urgencia o estado de necesidad justificadas y documentadas, no se debe producir el ingreso, ni la custodia de menores de edad procedentes de centros de menores infractores en una Unidad de Custodia Hospitalaria penitenciaria. En caso de producirse el ingreso, este debe de hacerse de forma análoga a cómo se haría en otra unidad del hospital, sin contacto alguno con personas privadas de libertad mayores de edad e informando siempre a la autoridad judicial correspondiente, así como a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

En la seguridad de que esta recomendación será objeto de atención por parte de esa Dirección General y en espera de la respuesta,

le saluda muy atentamente

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo (e.f.)