Los ciudadanos pueden presentar sus quejas de manera individual o colectiva, cuando que la actuación de una administración pública española (central, autonómica o local) o empresa o servicio público, ha vulnerado sus derechos.
Los ciudadanos también pueden pedir al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad o de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El Defensor del Pueblo puede actuar de oficio, abriendo actuaciones o consultas sin esperar a que alguien se queje.
Con cada queja que recibimos iniciamos una actuación. Si de una queja se desprende una presunta irregularidad, intervenimos ante la administración competente para obtener información sobre el caso y proponer soluciones.
Cuando el Defensor no puede investigar una queja por no tener competencias para ello, envía una carta al ciudadano explicándole los motivos. Siempre que es posible, le orienta sobre las vías a las que puede acudir.
Casos en los que el Defensor no puede actuar:
- Si no ha existido intervención de las administraciones públicas.
- Si se trata de conflictos entre particulares o con empresas privada
- Si se trata de quejas anónimas
- Si se plantea disconformidad con el contenido de una resolución judicial o el caso está en los tribunales.
