Administración de Justicia

Se ha recibido el informe enviado por la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones que había sido solicitado en este caso, que como sabe está siendo tramitado con el número de expediente arriba indicado, y que tiene por objeto la atención y ayudas que reciben las víctimas de violencia vicaria de género. 

Consideraciones 

1. La secretaría de Estado corrobora que en los supuestos de muerte del menor la Ley 35/1995 solo contempla para la madre una ayuda como víctima indirecta, que consiste en el resarcimiento de los gastos funerarios, y que para la ayuda ordinaria distinta de la de dichos gastos funerarios, en los supuestos con resultado de muerte, el acceso de los padres, en este caso de la madre, requiere la dependencia económica respecto del fallecido. Esta limitación es común para todos los casos en los que el solicitante es el progenitor de la víctima directa, sea la muerte causada o no por violencia de género, y por lo tanto, no se contempla la especificidad que correspondería a estos casos, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 1.4 de la LO 1/2004, las madres víctimas de violencia vicaria de género, a las que sus maridos, parejas, ex parejas o ex maridos han matado a sus hijos, les reconocen el derecho a la asistencia y protección integral. [...]

Se ha recibido el informe enviado por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género que había sido solicitado en este caso, que como sabe está siendo tramitado con el número de expediente arriba indicado, y que tiene por objeto la atención y ayudas que reciben las víctimas de violencia vicaria de género. 

Consideraciones 

1. La Delegación de Gobierno Contra la Violencia de Género reconoce que las madres que han perdido a sus hijos o hijas debido a la violencia vicaria por parte de los padres enfrentan múltiples problemas derivados de las limitaciones del marco legal vigente y de la falta de concienciación de los profesionales de la Administración, entre otros factores. Estos problemas afectan a su reconocimiento como víctimas a pesar del genérico reconocimiento del artículo 1.4 de la LO 1/2004 y, en consecuencia, a su acceso a los recursos legales, psicológicos, sociales y económicos, particularmente cuando el asesino se suicida, ya que la muerte del agresor extingue su responsabilidad penal y el órgano judicial no llega a dictar sentencia condenatoria, que facilitaría el reconocimiento de la madre como víctima. [...]

Este escrito corresponde con una ampliación de actuaciones, respecto de las que iniciamos con ese departamento el pasado 24 de mayo, que están aún pendientes de contestar. La causa de esta ampliación es que se han recibido los informes de la secretaria de estado de Igualdad, del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y del Consejo General del Poder Judicial, en este mismo caso, con información relevante que debieran tener en cuenta. 

1. En el informe fechado el 10 de junio del 2024, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género muestra su preocupación ante los hechos descritos en esta queja, que los considera de una enorme gravedad. Igualmente, analiza la aplicación de los protocolos estatales del sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas y penas en materia de violencia de género para el ámbito penitenciario, y las medidas de garantía y control de cumplimiento de dichos protocolos, en relación con el País Vasco y con Cataluña, únicas comunidades autónomas con competencia en materia penitenciaria. 

En su informe concluye que la notificación de la instalación o retirada de los sistemas telemáticos de control para el cumplimiento de penas, así como de cualquier otra resolución adoptada por el órgano judicial, es un trámite esencial del procedimiento judicial y una garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género que no puede ser ignorado y que constituye un derecho especifico previsto en el artículo 5.1.m) de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, independientemente de dónde se cumpla la condena. Por eso, coincide con el Defensor del Pueblo en que la oficina judicial tendría que haber notificado a las interesadas la decisión de puesta en libertad y retirada del dispositivo telemático de su agresor en tiempo y forma. Al no hacerlo, se privó a las víctimas de la oportunidad de oponerse a la decisión y de adoptar las medidas de protección que hubieran considerado oportunas. En consecuencia, pudieron haberse vulnerado sus derechos, además de quebrar la cadena de comunicación entre el órgano judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que dependen de esa información para poder realizar su trabajo de protección a las víctimas. [...]