El derecho a la salud implica que las administraciones deben crear las condiciones que permitan a las personas vivir lo más saludablemente posible.
Al Defensor del Pueblo le preocupa el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria pública, las limitaciones a la movilidad de los pacientes, la atención primaria y especializada, las urgencias y emergencias, las listas de espera, las campañas preventivas y los protocolos frente a problemas de salud pública, la atención a la salud mental, la prestación farmacéutica o el trasporte sanitario.
También vela por el respeto a los derechos de los pacientes y usuarios (consentimiento informado, seguridad, intimidad, acceso a la historia clínica, etc.).
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