Víctimas de violencia de género

Se agradece su atento escrito de fecha 27 de febrero de 2025, en el que contesta a la queja planteada por doña (...), y registrada con el número arriba indicado. 

Una vez constatado que se va a notificar la resolución recaída en relación con las quejas/denuncias presentadas por la interesada, conteniendo las actuaciones llevadas a cabo y las que se van a realizar, esta institución da por finalizadas las actuaciones iniciadas con ese ayuntamiento, de conformidad con el artículo 31.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. 

No obstante, se observa que ese ayuntamiento ha tardado prácticamente dos años en resolver las quejas y solicitudes presentadas, plazo muy superior al máximo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, aun teniendo en cuenta los problemas de sobrecarga de trabajo indicados por ese consistorio. [...]

Se ha recibido el informe en respuesta a la solicitud de información formulada en esta queja, con el objeto de conocer las medidas que se están implementando por parte del Ministerio de Igualdad en relación con las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género. 

Estas medidas están comprometidas en el Pacto de Estado y muchas de ellas se encuentran ya recogidos en la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025, o en el Plan Conjunto Plurianual en materia de Violencia contra las Mujeres (2023-2027). 

Consideraciones [...]

Se ha recibido su escrito en relación con el asunto objeto de esta queja, que como sabe se está tramitando con el número de expediente arriba indicado. 

El Defensor del Pueblo al igual que el resto de instituciones del Estado, está obligado al respeto del principio de independencia judicial que reconoce el artículo 117 de la Constitución, y por ello no puede pronunciarse, ni solicita que se haga, por asuntos concretos que están siendo objeto de intervención judicial. 

Por eso, en este caso no se pretende la defensa de los intereses concretos de una o varias personas que pueden verse afectadas por resoluciones judiciales que consideran perjudiciales, sino de la protección de intereses generales en relación con una determinada legislación que puede estar generando la discriminación de un grupo de mujeres por razón de su etnia, de su cultura, de su edad, de su nivel económico o por todas estas causas a la vez, cuando son víctimas de violencia de género, o de violencia sexual contra ellas. [...]