Se ha recibido el informe solicitado en relación con la queja de don (...), en el que se afirma que ese departamento ministerial acoge satisfactoriamente la recomendación formulada por el Defensor del Pueblo sobre “la necesidad de adaptación del reconocimiento de las víctimas de violencia de género al ámbito subjetivo reconocido y protegido por el Convenio de Estambul, vinculante desde el 2004 para España” y trabaja en ese propósito, pues constituye un compromiso plasmado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en diciembre de 2017 en el Congreso de los Diputados.
Igualmente, se ha recibido informe de la Secretaria de Estado de Igualdad y Violencia de Género del Ministerio de Igualdad sobre este mismo caso, en el que se reconoce que, aunque no estén expresamente incluidas en el ámbito de aplicación de la ley integral, Ley Orgánica 1/2004, todas las formas de violencia contra la mujer contempladas en el Convenio de Estambul son perseguidas penalmente en el ordenamiento jurídico español, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y que no es necesaria una ampliación del concepto de violencia machista de la Ley 1/2004 a todos los tipos de violencia contra las mujeres recogidos en el Convenio de Estambul, para reconocer los derechos que como víctimas tienen las mujeres y sus familiares directos que padecen estas otras formas de violencia.
Para el Ministerio de Igualdad, la medida 86 del Pacto de Estado en materia de violencia de género, establece que “… la atención y recuperación, con reconocimiento de derechos específicos de las mujeres víctimas de cualquier acto de violencia contemplado en el Convenio de Estambul, y no previsto en la Ley Orgánica 1/2004, se regirá por las leyes específicas e integrales que se dicten al efecto de adecuar la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia”. En consecuencia, la opción establecida en el Pacto de Estado, y que fue mayoritaria, no fue, en principio, la de ampliar el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, a la que quiso reconocer una especificidad propia en el ámbito de las relaciones de afectividad, sino la de elaborar leyes específicas e integrales para las otras formas de violencia machista no cubiertas por la Ley Orgánica 1/2004. [...]
