Comparecencia ante la Comisión Mixta

17/10/2018

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el Informe Anual 2017 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).

Además, el Defensor también ha informado sobre las quejas que ha recibido la Institución sobre posibles casos de adoctrinamiento ideológico en los centros educativos de Cataluña.

Fernández Marugán ha reivindicado los derechos de las personas privadas de libertad y en este sentido ha destacado la labor preventiva que realiza el Defensor en su condición de MNP. Una labor que considera esencial para proteger los derechos de estas personas.

INFORME MNP 2017

El Defensor ha explicado que en 2017 el MNP inspeccionó 107 lugares de privación de libertad repartidos por 30 provincias y la Ciudad Autónoma de Melilla. De esas visitas se han emitido 1.769 conclusiones que han derivado en 29 recomendaciones, 673 sugerencias y siete recordatorios de deberes legales.

Fernández Marugán ha destacado algunas novedades que contiene el informe. Así, ha remarcado que en cada capítulo en el que se analiza una modalidad de privación de libertad se incluye un cuadro en el que, a través de un código de colores como el que se emplea en los semáforos, se valora cada una de las principales cuestiones que son objeto de interés para el MNP.

Además, en septiembre de 2017 se puso en marcha el “proyecto Ábaco” con el objetivo de obtener el mapa global de los lugares de privación de libertad que existen en España.

Corta duración

En la actualidad, no es posible conocer la cifra exacta de las detenciones habidas en España en un año pero el MNP confía en que el “proyecto Ábaco” arroje luz sobre este dato. Este proyecto se puso en marcha cursando más de 2.000 peticiones de información a municipios que por su tamaño podrían contar con policías locales.

En total, se han realizado 60 visitas entre las que se incluyen comisarías y otros lugares de custodia de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, siete cuerpos de policías locales y tres dependencias de custodia en sedes judiciales; así como lugares destinados a la primera acogida y detención de personas llegadas por las costas y la sala de solicitantes de asilo del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

En la mayoría de las dependencias visitadas se siguieron observando carencias en los sistemas de videovigilancia, libros de registro y custodia incompletos y, en algunas dependencias, falta de personal para desarrollar las labores de custodia. Además, ha pedido la información que se ofrece a las personas detenidas.

 Centros de internamiento de extranjeros

En 2017 se visitaron todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) salvo el de Valencia, que permaneció cerrado gran parte del año.

A juicio del MNP, es preciso abordar con carácter urgente una reforma integral del sistema de internamientos en España en los CIE.

Fernández Marugán ha criticado el automatismo de un sistema que, en su opinión, va de la patera a la detención y de ahí a un CIE. Además, ha enumerado las carencias detectadas en los CIE entre las que se encuentran instalaciones inadecuadas y deficiencias en la asistencia sanitaria, social y jurídica.

Para el Defensor del Pueblo los CIE existentes o los de nueva creación deberían contar con infraestructuras idóneas, ajustando su tamaño al número de personas que se calcula que van a ser expulsadas y disponer de personal especializado para atender las personas migrantes internadas en estos centros.

En su opinión, el modelo actual es ineficiente y contrario a la finalidad que tiene atribuida legalmente ya que el internamiento ha acabado siendo una fórmula para contener la entrada irregular por las costas.

El Defensor también ha propuesto estudiar alternativas al internamiento como el retorno voluntario, el ingreso en dispositivos residenciales tutelados o el control electrónico a través de brazaletes geolocalizadores.

Otra cuestión que preocupa al Defensor del Pueblo es qué ocurre con estas personas una vez que abandonan el CIE. En opinión del MNP, habría que seguir los pasos de otros países europeos para que las personas que no han podido ser repatriadas ostenten algún tipo de estatus que les permita mantener su dignidad personal y realizar algún tipo de actividad lícita que contribuya a la economía del país y a la suya propia.

Centros penitenciarios

En 2017 el MNP visitó 16 centros penitenciarios y prestó especial atención a los sistemas de videovigilancia, la cumplimentación de partes de lesiones y la proporcionalidad en la aplicación de medios coercitivos.

En relación a la aplicación de medios coercitivos, se ha incidido en la importancia de que los sistemas de videovigilancia en las celdas de sujeción mecánica permitan la grabación de las imágenes y del audio. Ninguno de los centros visitados contaba con sistemas que permitiesen la captación de imágenes en estas celdas.

El Defensor del Pueblo publicó en 2017 una guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas. En ella se ponía de manifiesto la necesidad de una regulación más específica sobre el empleo de sujeciones mecánicas y se incluía un procedimiento en pautas de desescalada centrado en las alternativas de prevención y gestión de conflictos para evitar, en lo posible, el recurso de las contenciones.

Fernández Marugán ha explicado que las recomendaciones de esta guía se han plasmado en la Instrucción 3/2018 de 25 de septiembre sobre contenciones mecánicas. El nuevo protocolo recoge recomendaciones del Defensor como que las sujeciones mecánicas se apliquen de manera excepcional y que su duración sea la mínima imprescindible. Así se lo avanzó el Secretario General de Instituciones Penitenciarias con quien mantuvo su primera reunión en el centro penitenciario Madrid IV (Aranjuez) el pasado mes de septiembre.

En materia de asistencia sanitaria, la Institución ha reiterado su preocupación por la insuficiente dotación de personal sanitario en todos los centros visitados, que afecta a la calidad y a la frecuencia de la asistencia sanitaria e impide la presencia de estos profesionales las 24 horas del día.

La falta de personal que se vive en el conjunto de los centros penitenciarios también limita la adecuada aplicación de los programas de tratamiento y la oferta de actividades.

Centros para menores infractores

Se han realizado ocho inspecciones a centros de internamiento para menores infractores (CIMI).

El Defensor ha insistido en la necesidad de que exista un servicio de orientación jurídica en estos centros para que las personas internas en ellos puedan contar con asistencia durante su estancia en estos establecimientos. Además, en materia sanitaria, ha reclamado mejoras en la asistencia psiquiátrica. Por otra parte, ha incidido en la necesidad de mejorar la cobertura y los protocolos de videovigilancia, ya que en los centros visitados resultan muy dispares.

Establecimientos de carácter sanitario, social o rehabilitador

El MNP ha visitado en 2017 dos centros residenciales de salud mental y una unidad de salud mental hospitalaria.

En las visitas se constataron casos de personas ingresadas durante más de 30 años, en algunos casos se llegaba a los 50. En este sentido, Fernández Marugán ha cuestionado que esta permanencia tan dilatada pueda considerarse voluntaria y ha añadido que un centro enfocado como un hospital no es el mejor sitio para tratar a personas con problemas de salud mental de larga evolución.

 ADOCTRINAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS DE CATALUÑA

Fernández Marugán ha explicado que la Institución ha recibido 28 quejas relativas a casos de adoctrinamiento ideológico en centros educativos de Villafranca del Penedés, Manresa, Sant Andreu de la Barca, Premiá de Mar, Badalona y Santa Coloma de Gramanet.

En los escritos los ciudadanos denunciaban, entre otros asuntos, que se incitaba a los alumnos y alumnas a manifestarse a favor de la independencia y en contra de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y contra el Estado Español.

En noviembre de 2017, el Defensor solicitó información al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre los hechos descritos en estas quejas. La Institución tuvo que reiterar hasta en dos ocasiones la solicitud de información.

En abril de 2018 el Ministerio trasladó al Defensor un escrito firmado por la entonces Consejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Clara Ponsatí, que aseguraba que en los centros cuestionados “se produjeron manifestaciones promovidas por alumnado que contaba con autorización paterna” y se añadía que “las actuaciones descritas no fueron organizadas o promovidas por los directores o docentes de los centros educativos”.

El Defensor consideró “claramente insuficiente” la información aportada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya que, en su opinión, ni valoraba la actuación de la administración educativa de Cataluña ni aportaba datos sobre las actuaciones inspectoras, supervisoras y de control que hubieran podido y debido efectuarse.

Recientemente, la Institución ha recibido cuatro nuevos escritos en relación con el adoctrinamiento en el ámbito educativo en Cataluña que se están estudiando y tramitando.

Fernández Marugán ha concluido su intervención asegurando que “aunque fueran muy contados los casos de adoctrinamiento, el simple hecho de su existencia debería preocuparnos a todos extraordinariamente”.

Para el Defensor “la educación pretende enseñar a pensar, pero lo que no puede hacer es decirte lo que tienes que pensar” y en su opinión, conceptos como educación, enseñanza o docencia no pueden ir nunca unidos a términos como adoctrinamiento.

También ha señalado que la libertad ideológica, de pensamiento, de expresión y de cátedra “no pueden justificar los actos de adoctrinamiento en la educación”.

Ver informe MNP

Ver comparecencia sobre adoctrinamiento en centros docentes de Cataluña