02/09/2016

Ante el inicio del curso escolar 2016‑17, el Defensor del Pueblo reitera la necesidad de lograr un amplio acuerdo sobre las características básicas y estructurales del sistema educativo.

Los cambios educativos se implantan progresivamente a lo largo de varios años y exigen esfuerzos considerables. La adaptación y formación del profesorado, la adecuación de las instalaciones, la renovación de los materiales didácticos y pedagógicos, la puesta en marcha de los nuevos procesos de formación y aprendizaje y los recursos económicos que todo ello conlleva, son razones suficientes para afirmar que esa estabilidad es altamente deseable. También lo es porque los resultados de un sistema educativo no pueden evaluarse hasta que transcurre un tiempo desde su implantación.

 Es asimismo deseable, como se ha puesto ya de manifiesto en los informes anuales de la institución, que la previsión constitucional de gratuidad de la enseñanza básica se extienda a otras etapas educativas, y no solo a la escolarización sino también al conjunto de medios y prestaciones inherentes a ella.

El Defensor del Pueblo, de cara al próximo curso, ha de insistir ante las administraciones educativas en la mejora de las condiciones de escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales. El modelo de educación inclusiva que preconizan los convenios internacionales e internos es uno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo.

Un sistema educativo inclusivo requiere medios y una transformación desde sus cimientos. La administración debe poner a disposición del centro y del alumno con discapacidad los recursos necesarios y debe realizar un intenso esfuerzo formativo de los profesionales de la enseñanza. La accesibilidad general, la atención personalizada, el apoyo adecuado, y los ajustes razonables son requisitos centrales de una educación “verdaderamente” inclusiva.

Por último, siguen siendo motivos de preocupación la insuficiencia de las plazas educativas en algunos niveles educativos o en ciertas localidades, los incumplimientos de plazos de construcción de nuevos edificios escolares, las instalaciones ya existentes que presentan deficiencias y los retrasos en la incorporación o falta de dotación de profesorado, todo ello consecuencia, sin duda, de limitaciones presupuestarias, pero también de falta de planificación, previsión y agilidad en la determinación y atención de las necesidades del sistema. Además, esta institución ha defendido el derecho de los padres y alumnos a obtener copia de los exámenes y pruebas de evaluación que realicen.


Consulta las actuaciones y resoluciones del Defensor del Pueblo sobre Educación

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