El derecho fundamental a la educación exige que se garantice la existencia de plazas y centros educativos suficientes; planes de estudio homologados; personal docente cualificado para impartirlos y los medios económicos necesarios para situar a los alumnos en una posición real de igualdad en el acceso y continuidad en el proceso educativo mediante becas y ayudas al estudio.
El derecho a la educación de los niños con discapacidad se basa en los principios de inclusividad y no segregación, con una escolarización normalizada y con los apoyos educativos necesarios.
El Defensor del Pueblo supervisa el cumplimiento efectivo de todos estos elementos.
Ejemplo de queja sobredenegación de plaza en centro público de enseñanza
Documento que recoge las quejas recibidas por la institución durante la pandemia de covid-19, así como las actuaciones realizadas al […]
Informe que recoge la actuación general iniciada de oficio con las administraciones sanitarias y educativas para un mejor conocimiento del […]
Publicación que recoge los contenidos sobre menores y adolescentes incluidos en el informe anual 2016 del Defensor del Pueblo. Consulta […]
