La electricidad y el suministro de agua, el transporte y las comunicaciones, son servicios esenciales para el desarrollo de una vida digna que se prestan tanto por las administraciones públicas como por empresas privadas, y todas las personas tienen derecho a su recepción.
El Defensor del Pueblo vela por que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para que ello sea así y para que las posibles mejoras beneficien al conjunto de la ciudadanía.
El derecho a la libertad de empresa, los límites a su ejercicio, así como el funcionamiento de los mercados y su impacto en el conjunto de la ciudadanía también forman parte de la labor del Defensor del Pueblo.
La protección tanto de inversores como de asegurados es fundamental para que la parte más vulnerable no se vea perjudicada. Los supervisores han de velar por el buen funcionamiento del mercado y el Defensor del Pueblo vigila el ejercicio de esa función.
El Defensor, además, supervisa también que el cobro de los tributos y los procedimientos aplicables sean justos.
