El sistema tributario (los impuestos, tasas y otras figuras fiscales de las administraciones estatal, autonómica y local que obligan a todos los ciudadanos) tiene que ser justo.
El sistema se basa en la capacidad económica de las personas y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
El Defensor del Pueblo supervisa que el cobro de los tributos y los procedimientos aplicables sean justos.
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