Informe MNP 2017

26/07/2018

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados y en el Senado el Informe Anual 2017 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).

En 2017 el MNP ha inspeccionado 107 lugares de privación de libertad repartidos por 30 provincias y la Ciudad Autónoma de Melilla. De esas visitas se han emitido 1.769 conclusiones que han derivado en 29 recomendaciones, 673 sugerencias y siete recordatorios de deberes legales.

El informe del MNP relativo a 2017 cuenta con varias novedades como un capítulo en el que se analiza la respuesta de los poderes públicos ante las denuncias de tortura y malos tratos, un apartado de pronunciamientos internacionales en esta materia y una parte en la que se da cuenta de la primera visita realizada por el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas a España. Además, en cada capítulo en el que se analiza una modalidad de privación de libertad se incluye un cuadro en el que, a través de un código de colores como el que se emplea en los semáforos, se valora cada una de las principales cuestiones que son objeto de interés para el MNP.

Centros penitenciarios

En 2017 se visitaron 16 centros penitenciarios que dieron lugar a 594 conclusiones, de las que emanaron 13 recomendaciones y 220 sugerencias.

El MNP ha seguido llamando la atención a las autoridades penitenciarias sobre la necesidad de dar la máxima importancia a la detección y prevención de posibles casos de malos tratos. Así, ha recomendado la creación de una base de datos central en la que se pueda volcar información sobre los procedimientos de investigación realizados ante denuncias de malos tratos y ha insistido en que cada centro cuente con un libro de registro de estos casos. En este sentido, también ha pedido que los partes de lesiones se cumplimenten de manera más exhaustiva y que se entregue siempre copia de los mismos a las personas internas afectadas.

En junio de 2017 la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) aprobó un protocolo de actuación frente a las agresiones. Este documento prevé, entre otras cuestiones, acciones para identificar la causa principal de las agresiones, así como medidas, de carácter sanitario y jurídico, de apoyo al empleado que ha sufrido una agresión. Para el MNP, sería igualmente deseable que este tipo de medidas se adoptaran también para los casos en los que resulta probado que las agresiones las han sufrido internos o internas.

En relación a la aplicación de medios coercitivos, se ha incidido en la importancia de que los sistemas de videovigilancia en las celdas de sujeción mecánica permitan la grabación de las imágenes y del audio. Ninguno de los centros visitados contaba con sistemas que permitiesen la captación de imágenes en estas celdas.

El Defensor del Pueblo publicó en 2017 una guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas. En ella se ponía de manifiesto la necesidad de una regulación más específica sobre el empleo de sujeciones mecánicas y se incluía un procedimiento en pautas de desescalada centrado en las alternativas de prevención y gestión de conflictos para evitar, en lo posible, el recurso de las contenciones.

En materia de asistencia sanitaria, la Institución ha reiterado su preocupación por la insuficiente dotación de personal sanitario en todos los centros visitados, que afecta a la calidad y a la frecuencia de la asistencia sanitaria e impide la presencia de estos profesionales las 24 horas del día.

La falta de personal que se vive en el conjunto de los centros penitenciarios también limita la adecuada aplicación de los programas de tratamiento y la oferta de actividades.

Este año, el MNP ha prestado especial atención a las condiciones de vida en las unidades de régimen cerrado y especiales. Los 940 hombres y las 66 mujeres que se encuentran en primer grado están distribuidos en 41 centros dependientes de la SGIP y 10 de su homóloga en Cataluña.

En opinión del MNP, los módulos de régimen cerrado cuentan con unas instalaciones inadecuadas, con estructuras angostas y zonas comunes poco luminosas. Además, el personal para asumir sus especiales necesidades resulta escaso. La Institución considera que la Administración debe prestar especial atención a la situación de estas unidades garantizando que las necesarias medidas de seguridad se conjuguen con el debido respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas sometidas a este régimen.

Centros para menores infractores           

Las ocho inspecciones llevadas a cabo a centros de internamiento para menores infractores (CIMI) han derivado en 221 conclusiones que han generado una recomendación, 78 sugerencias y cuatro recordatorios de deberes legales.

En estos ocho centros se contabilizaron 447 contenciones y se incoaron 1.364 expedientes disciplinarios. Tras una de estas contenciones, un menor internado en el CIMI Ciudad de Melilla se desvaneció y tuvo que ser trasladado al hospital con una parada cardiorrespiratoria, donde falleció días después.

El MNP ha insistido en la necesidad de que exista un servicio de orientación jurídica en estos centros para que las personas internas en ellos puedan contar con asistencia durante su estancia en estos establecimientos. Aunque se pudo observar que la comunicación al juzgado y a la Fiscalía de la incoación de un expediente disciplinario se tramita de forma diligente, en la mayor parte de los casos los menores no cuentan con asistencia jurídica.

También se ha detectado que no se cumplen las normas a la hora de realizar registros integrales. El MNP apunta que no se puede confundir un cacheo superficial con un registro integral en el que debe existir autorización del director del centro y comunicación previa al juez y al fiscal, previsiones que en la mayoría de los casos no se están cumpliendo. Además, se ha incidido en la necesidad de mejorar la cobertura y los protocolos de videovigilancia, ya que en los centros visitados resultan muy dispares.

En materia sanitaria, el MNP reclama mejoras en la asistencia psiquiátrica. También ha pedido que menores que tengan una medida judicial terapéutica reciban el debido tratamiento.

Al Defensor del Pueblo le preocupa especialmente la escasez de recursos residenciales una vez que el menor cumple la condena y sale del centro, ya que hay casos en los que no pueden volver al domicilio familiar.

Establecimientos de carácter sanitario, social o rehabilitador

El MNP ha visitado en 2017 dos centros residenciales de salud mental y una unidad de salud mental hospitalaria. Estas inspecciones han derivado en 87 conclusiones y 27 sugerencias. Recabar datos sobre cuántas personas tienen un trastorno mental y cuántas han sido ingresadas en algún dispositivo de salud mental es, a día de hoy, muy complicado.

En las visitas a los centros residenciales se constataron casos de personas ingresadas durante más de 30 años, en algunos casos se llegaba a los 50, y cuya permanencia era considerada voluntaria. Al MNP le surgen dudas sobre si las personas en estas condiciones están en situación de plantearse la existencia de cualquier otra alternativa.

También ha llamado especialmente la atención del MNP que la mayoría de las personas incapacitadas a las que se pudo entrevistar durante su internamiento señalaban que no sabían quién se hacía cargo de su tutela legal y que no tenían conocimiento de cómo se gestionaba su patrimonio.

En cuanto a la aplicación de medidas de contención, no existe un protocolo común a los centros y unidades de salud mental, ni siquiera de mínimos. En opinión del MNP, esto puede provocar arbitrariedad y, sobre todo, inducir un cierto descontrol en su aplicación.

Centros de internamiento de extranjeros

En 2017 se visitaron todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) salvo el de Valencia, que permaneció cerrado gran parte del año. Estas inspecciones concluyeron con 221 conclusiones que incluyen cinco recomendaciones, 69 sugerencias y un recordatorio de deberes legales.

Un total de 8.814 personas fueron internadas en los CIE y en las instalaciones de Archidona y se ejecutaron medidas de expulsión o devolución sobre el 37,29% de ellas.

De las personas internadas en los CIE, 7.559 habían sido detenidas a su llegada a las costas. Para el MNP, este hecho pone de manifiesto que estos centros se están utilizando como instrumentos de contención de la entrada irregular por las costas. En su opinión, se han convertido en centros de acogida para personas llegadas en patera. En este sentido, el MNP recuerda que la ley los diseñó como establecimientos destinados a garantizar la repatriación de las personas internadas en ellos.

En los CIE se presentaron 1.386 solicitudes de protección internacional de las que fueron admitidas a trámite 398 y se identificó como menores extranjeros no acompañados a 48 internos.

En sus inspecciones, el MNP continúa detectando numerosas carencias. En el ámbito sanitario, sigue sin contarse con presencia médica durante las 24 horas, no hay asistencia psicológica y psiquiátrica y no se realizan analíticas en el momento del ingreso para detectar enfermedades infectocontagiosas. Para el Defensor del Pueblo, la prestación de la sanidad en los CIE debería corresponder a los sistemas territoriales de salud.

En la mayoría de los centros no puede garantizarse la separación de internos con antecedentes penales de aquellos otros que se encuentran internos por mera estancia irregular en España. Para el MNP, los CIE tienen un problema de diseño y el espacio del que están dotados impide aplicar un sistema de distribución modular para que pueda producirse esta separación. No obstante, en su opinión, no es solo una cuestión de infraestructuras sino que también es necesario implantar un modelo de trabajo para que se produzca esa separación.

Por otra parte, sólo los CIE de Madrid y Barcelona cuentan con servicio de orientación jurídica. Para el Defensor del Pueblo, es imprescindible la puesta en marcha de servicios de orientación jurídica proveídos por los colegios de abogados en todos los centros de internamiento de extranjeros.

Además, se ha formulado una recomendación para que en los boletines que reciben las personas internadas en los CIE, se les facilite información sobre violencia de género, trata de seres humanos, violencia sexual y hábeas corpus.

 A juicio del MNP, es preciso abordar con carácter urgente una reforma integral del sistema de internamientos en España. En su opinión, el modelo actual es ineficiente y contrario a la finalidad que tiene atribuida legalmente. La Institución considera que se deben estudiar alternativas al internamiento como el retorno voluntario, el ingreso en dispositivos residenciales tutelados o el control electrónico a través de brazaletes geolocalizadores. El MNP también insiste en que la legislación vigente ya prevé medidas alternativas a la privación de libertad como son la presentación periódica ante autoridades o la fijación de domicilio.

Otra cuestión que preocupa al Defensor del Pueblo es qué ocurre con estas personas una vez que abandonan el CIE. En su opinión, habría que seguir los pasos de otros países europeos para que las personas que no han podido ser repatriadas ostenten algún tipo de estatus que les permita mantener su dignidad personal y realizar algún tipo de actividad lícita que contribuya a la economía del país y a la suya propia.

 Corta duración

Para el MNP, las privaciones de corta duración son muy relevantes ya que son practicadas por un amplio número de cuerpos y agentes policiales, se llevan a cabo en instalaciones muy heterogéneas y afectan a un elevado número de personas.

En total, se han realizado 60 visitas entre las que se incluyen comisarías y otros lugares de custodia de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, siete cuerpos de policías locales y tres dependencias de custodia en sedes judiciales; así como lugares destinados a la primera acogida y detención de personas llegadas por las costas y una sala de solicitantes de asilo. Estas inspecciones han generado 640 conclusiones que han dado lugar a nueve recomendaciones, 278 sugerencias y dos recordatorios de deberes legales.

En la mayoría de las dependencias visitadas se siguieron observando carencias en los sistemas de videovigilancia, libros de registro y custodia incompletos y, en algunas dependencias, falta de personal para desarrollar las labores de custodia. Además, el MNP insistió en la necesidad de acabar con elementos como barrotes horizontales o sanitarios de cerámica que puedan utilizarse para autolesionarse o agredir a los funcionarios.

En la actualidad, no es posible conocer la cifra exacta de las detenciones habidas en España en un año pero el MNP confía en que el “proyecto Ábaco” arroje luz sobre este dato. Este proyecto se puso en marcha en los primeros días de 2018 cursando más de 2.000 peticiones de información a municipios que por su tamaño podrían contar con policías locales. Ya han contestado más del 70% y el 91,25% cuentan con efectivos policiales. El proyecto se irá ampliando con el objetivo de obtener el mapa global de los lugares de privación de libertad que existen en España.

Centros y dependencias de primera acogida y detención de extranjeros

Durante 2017 también se visitaron centros y dependencias de primera acogida y detención de extranjeros en Cartagena, Almería, Motril, Málaga, Algeciras y Tarifa. La Institución asegura que las deficiencias detectadas en las instalaciones inspeccionadas las convierten en lugares no aptos para la recepción y primera acogida de personas rescatadas en el mar.

El Defensor del Pueblo considera que se deben revisar los actuales mecanismos de recepción y detención de personas migrantes. Así, aboga por formular un protocolo de intervención que contemple tres elementos: infraestructuras idóneas, medios humanos especializados y criterios de colaboración y coordinación entre administraciones, organizaciones internacionales y sociedad civil.

Operativos de repatriación de extranjeros

En 2017 se supervisaron nueve operativos de repatriación de ciudadanos extranjeros. De ellos, ocho se llevaron a cabo por vía aérea y otro se realizó por vía marítima. Se emitieron 72 conclusiones y una sugerencia.

En total, se monitorizó la repatriación de 304 personas extranjeras en los vuelos y 40 ciudadanos argelinos que fueron repatriados por vía marítima.

El MNP ha continuado insistiendo en la importancia de que todas las personas que van a ser repatriadas sean reconocidas previamente por equipos médicos y cuenten con el documento denominado fit to travel (apto para viajar). En la actualidad, las personas que proceden de los CIE sí cuentan con él pero las que son conducidas desde las diferentes comisarías no lo portan salvo que estén sometidas a tratamiento médico anterior.

Aquí puedes ver el Informe Anual del MNP 2017 y los anexos con información estadística