Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril

06/04/2021

Este martes 6 de abril se cumplen 40 años de la aprobación de la Ley Orgánica 3/1981 que regula y desarrolla la figura del Defensor del Pueblo.

En estas cuatro décadas de historia, la Institución ha tramitado 999.358 quejas, ha formulado a las Administraciones 25.376 resoluciones y ha interpuesto 31 recursos de inconstitucionalidad y 11 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.  

Desde que las quejas, preguntas y visitas de los ciudadanos empezaran a llegar desde el primer día, la Institución ha sido pionera en abrir debates de especial interés ciudadano y muchas de sus recomendaciones han provocado cambios legislativos y mejoras en la aplicación de los derechos fundamentales

A finales de 2009, el Defensor del Pueblo asumió la tarea de ser Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles o degradantes (MNP) y desde entonces ha realizado más de 1.000 visitas a lugares de privación de libertad.

En este tiempo, la Institución también se ha convertido en un referente para otras instituciones similares en el mundo. Así, el Defensor español ha inspirado las reformas de Ombudsman como el francés o el marroquí y ha ayudado en la creación y consolidación de otros, como los de Turquía, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Armenia y Kazajstán. Además, colabora activamente con Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Red Europea de Defensores del Pueblo, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Asociación de Ombudsman del Mediterráneo (AOM). 

Informes monográficos

La oficina del Defensor es un observatorio privilegiado para ir conociendo y valorando las diferentes actuaciones de cada Administración. Con todos los datos recopilados y analizados, cada año se publican diversos informes y estudios monográficos que derivan en conclusiones y recomendaciones para mejorar las actuaciones de la Administración siempre pensando en el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas.

En estos 40 años, la Institución ha publicado 60 informes monográficos de las más diversas temáticas a los que hay que añadir los informes anuales en los que recoge cada año todas sus actividades y aquellos otros que realiza en su condición de MNP.

El primer informe monográfico vio la luz en el año 1987 y en él se analizó la situación penitenciaria en España, un asunto al que todos los Defensores han prestado especial atención durante sus mandatos por la especial vulnerabilidad de este colectivo. El último estudio sobre esta materia se publicó en 2019 y estuvo centrado en la realidad de las personas con discapacidad intelectual en prisión.

La Institución también ha realizado varios monográficos sobre las residencias para personas mayores. A estos centros se dedicó el segundo monográfico del Defensor y también uno de los últimos. Además, la situación de las residencias motivó numerosas actuaciones desde el inicio de la pandemia por Covid-19. A finales de 2020 el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, presentó un informe monográfico sobre el trabajo de la Institución  durante la pandemia donde se recogían estas actuaciones.

Los centros de protección de menores y los destinados a menores infractores también han sido analizados en los informes de la Institución. Además, en 2009 el Defensor hizo público un informe sobre menores con trastorno de conducta y en situación de dificultad social que supuso un antes y un después en este tipo de centros originando numerosos cambios en su estructura y funcionamiento.

En materia migratoria, la primera publicación del Defensor se centró en la asistencia jurídica de los extranjeros. Las conclusiones de este informe fueron recogidas en la ley de asistencia jurídica gratuita. También se han realizado informes sobre la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, la situación del asilo y la protección internacional, la contribución de la inmigración a la economía española o el más reciente estudio sobre la migración en Canarias.

En 1998 se publicó el primer informe sobre violencia machista. Cuando apenas se hablaba sobre este tipo de crímenes el Defensor dio la voz de alarma denunciando esta violencia silenciosa que cada año padecían numerosas mujeres. Otra forma de violencia, en muchos casos, también especialmente ejercida contra las mujeres es la trata de seres humanos a la que la Institución dedicó un monográfico.

La situación jurídica y asistencial de los enfermos mentales también ha sido objeto de análisis por parte del Defensor. Además, en materia sanitaria se han realizado informes sobre las listas de espera, la situación de las urgencias hospitalarias, el daño cerebral sobrevenido, los problemas de las personas celiacas o la atención específica al daño cerebral adquirido infantil.  

En el ámbito económico se han publicado documentos sobre deudores hipotecarios, participaciones preferentes, crisis económica e insolvencia personal, licencias urbanísticas, la realidad catastral, la situación de las telecomunicaciones o la protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica. El más reciente, sobre crisis económica y desigualdad, analizó las consecuencias de la crisis económica en la aplicación de los derechos sociales.

En materia de discapacidad se han realizado numerosos estudios analizando desde la atención residencial a personas con discapacidad a la fiscalidad que les afecta.

En el ámbito educativo se han realizado informes sobre la violencia escolar, la situación del alumnado migrante o la gratuidad de los libros de texto.

La vivienda también ha sido objeto de estudio del Defensor con varias publicaciones sobre esta temática. El último sobre vivienda protegida y alquiler social.

También se han analizado cuestiones ambientales como la gestión de residuos urbanos, la contaminación acústica, la contaminación atmosférica, o el agua y la ordenación del territorio.

En materia de justicia, se han analizado los retrasos en la administración de justicia, la escucha del menor en procesos de familia y en procedimientos penales o los derechos de las víctimas del terrorismo. También se han realizado estudios sobre los partes de lesiones y una guía de buenas prácticas en materia de contenciones mecánicas.

A lo largo de los años también se han realizado informes sobre la situación demográfica en España, los presos españoles en el extranjero, la seguridad de las zonas de juego infantil o la situación de los funcionarios y del empleo público.

Seis mandatos

El cargo de Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales, por las tres quintas partes de los miembros del Congreso, y ratificado a continuación por la misma mayoría en el Senado. El mandato tiene una duración de cinco años, tras los cuales entra en funciones de defensor el Adjunto Primero, hasta que es elegido el nuevo titular.

Desde el año 1982 han ocupado el puesto cinco defensores. El primero en desempeñar el cargo fue Joaquín Ruiz-Giménez, cuyo nombramiento fue publicado el 30 de diciembre de 1982. Cuatro meses más tarde fueron nombrados sus dos adjuntos, Álvaro Gil-Robles y Margarita Retuerto.

El segundo mandato comenzó en 1988 y su titular fue Álvaro Gil-Robles, a quien acompañaron como Adjunta Primera y Adjunta Segunda, respectivamente, Margarita Retuerto y Soledad Mestre. En diciembre de 1990, Mestre fue sustituida por Antonio Rovira.

Tras finalizar el segundo mandato, Retuerto asumió el cargo de Defensora del Pueblo en funciones hasta que el 1 de diciembre de 1994 fue publicado el nombramiento de Fernando Álvarez de Miranda como nuevo Defensor. En este tercer mandato repitieron como adjuntos Retuerto y Rovira, si bien en octubre de 1996, Rovira fue nombrado Adjunto Primero y Antonio Uribarri Adjunto Segundo, tras el cese de Margarita Retuerto.  Álvarez de Miranda finalizó su mandato el 1 de diciembre de 1999, ocupando entonces el cargo en funciones el Adjunto Primero, Antonio Rovira.

El cuarto mandato comenzó en junio del año 2000, cuando se publicó el nombramiento de Enrique Múgica como Defensor del Pueblo.

Tanto él como sus dos adjuntos, María Luisa Cava de Llano y Manuel Aguilar, fueron reelegidos para afrontar el quinto mandato de la Institución, que finalizó en julio de 2010. A partir de entonces desempeñó el cargo en funciones Cava de Llano, hasta que dos años después es nombrada Soledad Becerril, convirtiéndose así en la primera Defensora del Pueblo.

Junto a ella fueron designados como adjuntos Francisco Fernández Marugán y Concepció Ferrer i Casal. Tras vencer en julio de 2017 el mandato de Becerril, es Fernández Marugán quien ocupa el cargo de Defensor del Pueblo en funciones.