Cláusula de protección de datos

El Usuario queda informado de que los datos de carácter personal facilitados serán tratados por el Defensor del Pueblo, siendo las finalidades de dichos tratamientos la gestión y control de los Usuarios de alta en la Página Web, el análisis de uso de la Página Web y la tramitación y registro de las quejas interpuestas por los usuarios, así como su consulta y seguimiento.

El uso y fines del tratamiento son los siguientes:

• Registro y tramitación de las quejas en las que el usuario considera que una administración pública ha vulnerado alguno de sus derechos.
• Gestión de usuarios registrados para la consulta del estado de su queja.

A los efectos anteriores, el Usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos, haciéndose expresamente responsable de las posibles consecuencias que tuvieran causa en la falsedad de dicha información.

En el formulario de recogida de datos se especificará qué datos se pueden incluir opcionalmente y cuáles son los datos mínimos obligatorios, que son los estrictamente necesarios para poder cumplir con las finalidades antes mencionadas. La negativa a facilitar los datos marcados como obligatorios implicará la imposibilidad de prestar los servicios. El Defensor del Pueblo se reserva el derecho a realizar las comprobaciones pertinentes para verificar la autenticidad de los datos personales facilitados, como medio para evitar el uso fraudulento de los Servicios.

Asimismo, le informamos que los datos personales facilitados para la gestión de las quejas podrán ser comunicadas a otras Administraciones Públicas competentes, así como a otros comisionados, autonómicos y extranjeros, lo que podría incurrir en una transferencia internacional de los datos a los países competentes sobre su solicitud.

El Defensor del Pueblo ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos personales facilitados, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados.

Mientras el Usuario no actualice sus datos personales se entenderán que están vigentes, hasta que sean cancelados conforme a los procedimientos internos del Defensor del Pueblo por entender que ya no se adecuan a la finalidad indicada.

Los datos personales serán conservados durante la tramitación de la queja formal interpuesta por el Usuario y como máximo, durante el plazo de prescripción de las acciones legales correspondientes, salvo que el interesado autorice su tratamiento por un plazo superior. En todo caso, El Defensor del Pueblo se reserva el derecho a conservar los datos de los Usuarios en los casos en que ello fuera necesario para dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades impuestas por las leyes o normas de obligado cumplimiento, o cuando fuera requerida para ello por mandato de autoridad competente con arreglo a derecho.

El Usuario tiene derecho, en la medida en que resulten de aplicación a ejercitar sus derechos, poniéndose en contacto con el Defensor del Pueblo para:

• Revocar los consentimientos otorgados u oponerse al tratamiento de sus datos personales amparados en el interés legítimo de El Defensor del Pueblo.
• Obtener confirmación acerca de si en el Defensor del Pueblo se están tratando datos personales que le conciernen o no.
• Acceder a sus datos personales.
• Rectificar los datos inexactos o incompletos.
• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
• Obtener del Defensor del Pueblo la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
• Solicitar la portabilidad de sus datos.
• Presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, como autoridad de control.
Podrá ponerse en contacto con el DPO del Defensor del Pueblo a través del correo electrónico dpo@defensordelpueblo.es.

El ejercicio de los derechos del Usuario ante los mismos podrá verse limitado cuando no sea compatible con el cumplimiento de los deberes públicos encomendados, de acuerdo a la legislación aplicable.